La iniciativa busca establecer pena de prisión en su grado medio a máximo y una multa de 20 a 40 UTM para quienes lo cometan, aumentando el castigo en caso de que tales conductas sean realizadas por un funcionario público o con ocasión de su cargo.
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Diputados del oficialismo anunciaron la presentación de un proyecto de ley que busca tipificar el delito de negacionismo en el Código Penal.
La iniciativa busca establecer pena de prisión en su grado medio a máximo y una multa de 20 a 40 UTM para quienes lo cometan, aumentando el castigo en caso de que tales conductas sean realizadas por un funcionario público o con ocasión de su cargo.
La propuesta se enmarca en la próxima conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado que dio inicio a la dictadura de Augusto Pinochet.
El texto es impulsado por la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, y firmado por sus pares de partido Lorena Pizarro, María Candelaria Acevedo y Luis Cuello, además de Tomás Hirsch (Acción Humanista), Gonzalo Winter (CS), Mercedes Bulnes (IND-RD), Emilia Nuyado, Jaime Naranjo (PS) y Helia Molina (PPD).
"Ad portas de cumplirse 50 años del golpe militar, legislar acerca del negacionismo se erige como un imperativo ético y jurídicamente correcto, pues significa avanzar en el compromiso irrestricto del respeto a la noción de la condición y dignidad humana”, consigna el documento, advirtiendo que el delito está contemplado en las legislaciones de todas aquellas naciones que han sufrido la opresión y exterminio de sus ciudadanos por razones políticas".
En concreto, los legisladores buscan reformar el Libro Segundo del Código Penal, llamado “Crímenes y simples delitos y sus penas”, apuntando al título “de los crímenes y simples delitos que afectan los derechos garantidos por la Constitución”.
Lo que buscan es incluir sanciones penales a quienes "a través de cualquier medio justificare, aprobare o negare las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico militar ocurrida en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990".
"Siempre que dichos actos perturben el orden público o bien impidan, obstruyan o restrinjan de forma ilegítima el ejercicio de un derecho por parte de el o los ofendidos; serán castigados con la pena de prisión en su grado medio a máximo y multa de 20 a 40 UTM”, consigna el texto.
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