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Diputado Soto confirma citación de Ministro Rabat y exige decretos de rebaja de condenas

Diputado Soto confirma citación de Ministro Rabat y exige decretos de rebaja de condenas

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El parlamentario Raúl Soto advirtió que el Ejecutivo aún no entrega todos los documentos solicitados por la comisión que revisa la acusación constitucional contra el ministro de Justicia.

Diputado Soto confirma citación de Ministro Rabat y exige decretos de rebaja de condenas
Sábado 21 de noviembre de 2026 15:44
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La falta de antecedentes sobre los decretos de reducción de condenas abrió un nuevo cuestionamiento al Ministerio de Justicia, a pocas horas de que la comisión revisora de la acusación constitucional contra el titular de la cartera, Fernando Rabat, retome su trabajo. El diputado Raúl Soto (PPD), quien presidirá la instancia, advirtió que el Ejecutivo todavía no entrega la totalidad de los documentos solicitados por los parlamentarios para analizar las eventuales responsabilidades del secretario de Estado.

La comisión tiene programada una sesión para este lunes a las 16:00 horas, jornada en la que fueron convocados el propio ministro Rabat, el exsubsecretario de Justicia Luis Silva y el actual subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira.

Soto confirmó las citaciones y explicó que buscan obtener respuestas directas de quienes participaron en la tramitación de los decretos cuestionados.

“Son los principales implicados quienes han firmado estos decretos de rebaja de condena y por lo tanto para que den cara al país y respondan las preguntas de la comisión”, indicó el parlamentario, quien también preside el PPD.

A estas convocatorias se suman las invitaciones al exministro de Justicia y Derechos Humanos Jaime Gajardo y al abogado y académico de la Universidad de Los Andes Alejandro Romero.

La instancia deberá examinar los antecedentes de la acusación constitucional impulsada por la oposición, que cuestiona la responsabilidad política del ministro en la firma de decretos que habrían permitido reducir las penas de 56 personas condenadas por delitos sexuales y crímenes de lesa humanidad.

SOTO EXIGE ENTREGA COMPLETA DE DECRETOS

Uno de los principales reparos planteados por el presidente de la comisión está relacionado con la documentación requerida al Ministerio de Justicia.

Según explicó, los parlamentarios solicitaron mediante un oficio los decretos de reducción de condenas suscritos durante la actual administración, pero la cartera todavía no ha remitido la totalidad de los antecedentes.

“Lo que está pendiente y hasta la fecha no ha ocurrido es la entrega del listado completo y adjunto de cada uno de los decretos que ha firmado el actual gobierno en cualquier tipo de delitos respecto de aquellas materias donde no exista una orden expresa de la Corte Suprema en carácter de público pero anonimizado, resguardando la identidad de la víctima”, manifestó.

El diputado sostuvo que contar con esta información resulta fundamental para desarrollar adecuadamente el trabajo de la comisión y revisar las decisiones adoptadas por el Ejecutivo.

“Eso es necesario para el trabajo adecuado de la comisión para transparencia, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido”, zanjó.

De esta manera, Soto puso el énfasis en la necesidad de disponer de todos los antecedentes antes de avanzar en el análisis de las eventuales infracciones constitucionales atribuidas al ministro.

ACUSACIÓN CONTEMPLA TRES CAPÍTULOS

El libelo presentado por la oposición considera tres capítulos que apuntan a distintas actuaciones del Ministerio de Justicia relacionadas con la reducción de condenas.

El primero cuestiona los beneficios otorgados a personas condenadas por delitos sexuales, bajo el argumento de que estas decisiones podrían haber vulnerado disposiciones de la legislación nacional y tratados internacionales destinados a proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El segundo capítulo aborda las rebajas de penas concedidas a condenados por crímenes de lesa humanidad, respecto de las cuales los acusadores plantean posibles incumplimientos de los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma.

Finalmente, el tercer apartado apunta a una eventual vulneración del deber de probidad, relacionada con la entrega de información que los parlamentarios consideran falsa o imprecisa durante las comunicaciones del Ejecutivo con el Congreso.

Estas imputaciones deberán ser examinadas por la comisión revisora, que tendrá la tarea de recopilar antecedentes y escuchar a las autoridades y especialistas convocados antes de emitir su informe.

En ese escenario, la sesión de este lunes aparece como una instancia relevante para conocer las explicaciones del ministro Rabat y de otras autoridades vinculadas a los decretos cuestionados.

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