ExMinistro de Energía aseguró que el libelo no tiene asidero en las causales previstas en la Constitución, no satisface los estándares mínimos de fundamentación, no le imputa responsabilidad por hechos propios y no respeta el carácter de "ultima ratio".
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El exministro de Energía, Diego Pardow, ingresó a la Cámara de Diputados su respuesta a la acusación constitucional en su contra y solicitó a los parlamentarios que la declaren inadmisible por no cumplir con los requisitos que exige la Constitución.
La acusación constitucional, que cuenta con dos capítulos, sostiene que el ex secretario de Estado infringió la Carta Fundamental, al no resguardar el principio de probidad. Además, señala que se han vulnerado los principios de eficiencia y eficacia, ocultándose información de cara a la ciudadanía, por los errores en el cálculo de las tarifas eléctricas
En un texto de 120 páginas, aseguró que el libelo no tiene asidero en las causales previstas en la Constitución, no satisface los estándares mínimos de fundamentación, no le imputa responsabilidad por hechos propios y no respeta el carácter de "ultima ratio".
Entrando al fondo del asunto, sobre las razones por las que no informó de los errores de cálculo detectados en 2024, Pardow afirmó que “ante la falta de información cierta disponible, tan solo sabiendo que existían inconsistencias, pero sin claridad sobre la magnitud del error, su comunicación pública en esta temprana etapa del procedimiento se traducía en introducir alarma en la ciudadanía, sin un objeto determinado y, dado lo señalado previamente, ahí sí se podría haber comprometido el interés nacional”.
“En este contexto, y en la situación que nos encontrábamos, haber comunicado públicamente los hechos, no solo habría significado que este exministro hubiera intervenido en dicho procedimiento indebidamente e introduciendo criterios de parcialidad, sino que podría haber sido percibido por la empresa (Transelec) como un instrumento de hostigamiento para presionar en contra de sus intereses en la correcta valoración de los activos”, enfatizó en su respuesta.
Acerca de su responsabilidad en el error de cálculo de las cuentas, la ex autoridad aseveró que no tenía herramientas para detectar el problema y que tampoco tenía “las facultades ni técnicas ni legales para modificar el cálculo tarifario de la Comisión Nacional de Energía... Incluso una modificación unilateral habría sido invalidada y posiblemente anulada por la Contraloría General de la República”.
Tras recibir la respuesta, la comisión revisora que preside el diputado Jaime Mulet (FREVS) tiene un plazo de seis días para analizar el texto y votarlo.
PURANOTICIA
