El Diagnóstico 2026 del organismo expone un incremento del 137% en egresos por lesiones autoinfligidas y más de 41 mil menores en listas de espera para protección especializada.
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A través de la entrega del Diagnóstico Anual sobre la Situación de Derechos de la Niñez y Adolescencia 2026, la Defensoría de la Niñez dio a conocer cifras alarmantes. Entre los principales descubrimientos del documento destacan un incremento de al menos un 137% en los egresos hospitalarios vinculados a lesiones autoinfligidas, una subida del 46,4% en las víctimas de violencia sexual y una lista de espera que supera los 41 mil niños, niñas y adolescentes para ingresar a programas de protección especializada.
Elaborado por el Observatorio de Derechos perteneciente a la entidad, este reporte corresponde a su tercera edición y agrupa datos recolectados a lo largo de 2025. Su objetivo es ofrecer una panorámica que trascienda los episodios particulares, logrando así detectar brechas que se mantienen en el tiempo, tendencias actuales y aquellas áreas donde la intervención del Estado carece de eficiencia y oportunidad.
Si bien el texto reconoce progresos en áreas específicas —como la baja en las tasas de embarazo adolescente y la mejora de índices golpeados por la pandemia, tales como la asistencia escolar, los resultados de aprendizaje, la inseguridad alimentaria y la pobreza—, también levanta una severa advertencia. En concreto, señala que la población infantojuvenil está expuesta a peligros cada vez mayores en ámbitos de protección especializada, convivencia educativa, entornos digitales, violencia y salud mental.
Frente a este escenario, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, fue enfático: “Al analizar los datos, vemos cómo el entorno social, cultural y tecnológico en el que niños, niñas y adolescentes se desarrollan ha cambiado vertiginosamente; sin embargo, las políticas públicas para su protección parecieran no avanzar al mismo ritmo”.
Integrar la voz de los propios niños, niñas y adolescentes es uno de los ejes centrales de este análisis. De acuerdo con los registros del documento, un 36,9% de los consultados afirma no haber podido ejercer o poner en práctica alguno de sus derechos, una proporción que trepa al 40,6% cuando se trata de estudiantes de enseñanza media. Al ser consultados sobre cuáles son las garantías menos respetadas en Chile, posicionaron en primer lugar el derecho a un medioambiente sano, seguido por la no discriminación, la protección, el trato justo, la salud y, finalmente, el derecho a ser escuchados.
La salud mental en la etapa adolescente representa uno de los focos de mayor preocupación del estudio. Los datos revelan que, en el periodo comprendido entre 2014 y 2025, los egresos hospitalarios de menores de edad a causa de lesiones autoinfligidas crecieron al menos un 137%. De hecho, únicamente durante 2025 se contabilizaron 2.518 altas médicas por este motivo. En ese mismo año, las unidades de psiquiatría infanto-adolescente reportaron 4.159 egresos hospitalarios, con estadías que promediaron los 23,8 días.
Este panorama clínico se complementa con los hallazgos de la Encuesta de Calidad de Vida del Ministerio de Salud. Entre 2016 y 2024, dicho instrumento midió en personas de 15 a 19 años un alza del 143% en el puntaje promedio asociado a la falta de compañía, un incremento del 110% en la sensación de exclusión y un aumento del 48% en la percepción de aislamiento. Todo esto ocurre en un contexto donde, según la ELPI 2024, un 15,1% de los adolescentes han sido víctimas de ciberbullyng.
Para dimensionar la gravedad de estas estadísticas, Quesille puntualizó: “Estos antecedentes deben ser leídos como un alerta país. No hablamos solo de cifras, sino de una afectación profunda del bienestar adolescente, donde aparecen con fuerza la soledad, el aislamiento, la exclusión y la falta de respuestas oportunas”.
Por otra parte, el diagnóstico evidencia un aumento sostenido en las agresiones hacia este grupo etario. La cantidad de víctimas de violencia sexual experimentó un crecimiento del 46,4% entre 2019 y 2025. Solamente en 2025, las estadísticas arrojaron 5.058 casos de violación, 1.099 de acoso sexual y 28.969 episodios de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Peor aún, la tasa de víctimas de explotación sexual —catalogada como una de las formas más graves de vulneración de derechos— se disparó un 73% entre los años 2022 y 2024.
El ámbito de la educación no escapa a esta crisis, advirtiendo la institución un claro deterioro en la convivencia escolar. Durante 2025, la Superintendencia de Educación recibió 17.076 denuncias por esta materia, lo que equivalió al 75% del total de ingresos de ese año y marcó un aumento del 22,1% respecto de 2024. Paralelamente, entre 2024 y julio de 2025, Carabineros de Chile registró 54.289 casos policiales ocurridos en establecimientos educacionales. De ese total, 828 correspondieron a uso o porte de armas, artefactos y municiones, mientras que 1.604 estuvieron ligados a violencia sexual.
Sobre esta conflictividad en las aulas, el defensor argumentó: “El problema de convivencia educativa no puede abordarse solo desde la sanción o el control. Se requieren estrategias de prevención, apoyo psicosocial, inclusión y comunidades educativas fortalecidas, ya que estas medidas son el camino idóneo para abordar las causas de la violencia. Si la respuesta llega tarde, el sistema termina reaccionando cuando la violencia ya escaló”.
La red de protección especializada es otra de las áreas sometidas a una fuerte presión, según advierte el diagnóstico 2026. Para el año 2025, un total de 41.557 niños, niñas y adolescentes estaban en lista de espera para los programas del Servicio Nacional de Protección Especializada. En paralelo, la sobreocupación en centros residenciales saltó de un 22% a un 41% entre 2019 y 2024.
A ello se suman brechas persistentes en las condiciones de vida. A pesar de que la pobreza disminuyó entre 2022 y 2024, en la actualidad uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes continúa viviendo en pobreza multidimensional. Asimismo, los datos del Censo 2024 revelaron que 817 menores se encontraban en situación de calle, concentrándose principalmente en el norte del país.
A modo de conclusión sobre los resultados del informe, Anuar Quesille sentenció: “El diagnóstico obliga a preguntarse si las políticas públicas actuales están respondiendo a la realidad que viven hoy niños, niñas y adolescentes. Chile necesita actualizar sus respuestas institucionales y asumir que proteger a la niñez requiere prioridad política, presupuestaria y territorial”.
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