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Defensa del ministro Rabat rechaza acusación constitucional por rebaja de condenas

Defensa del ministro Rabat rechaza acusación constitucional por rebaja de condenas

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El titular de Justicia respondió al libelo impulsado por la oposición, argumentando que las diferencias de interpretación jurídica no constituyen una infracción constitucional.

Defensa del ministro Rabat rechaza acusación constitucional por rebaja de condenas
Domingo 22 de noviembre de 2026 09:08
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El ministro de Justicia, Fernando Rabat, respondió el viernes a la acusación constitucional presentada por la oposición en su contra por haber infringido la Constitución y las leyes al conceder reducciones de sentencias a condenados por delitos sexuales a menores, a condenados por crímenes de lesa humanidad y por haber faltado a la verdad ante el Congreso Nacional.

Según consigna El Mercurio, en su respuesta a los tres capítulos del líbelo — elaborada por su abogado Juan Ignacio Piña— el ministro Rabat rechaza haber incurrido en infracciones constitucionales y cuestiona que se pretenda establecer su responsabilidad por decisiones adoptadas por la Corte Suprema en materias donde existen distintas interpretaciones jurídicas.

“Una interpretación que el máximo tribunal ha compartido en numerosos fallos podrá ser discutida, e incluso desestimada en definitiva. Pero no puede calificarse de insostenible bajo todo método de interpretación sin calificar de igual modo a los jueces que la adoptaron”, señala el escrito.

“La cuestión que corresponde resolver no es si los acusadores comparten la interpretación jurídica adoptada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sino si las actuaciones concretas que se imputan constituyen efectivamente una infracción de la Constitución Política o de las leyes que sea personalmente atribuible”, agrega .

Sobre el primer capítulo de rebaja de condenas por delitos sexuales contra menores, el ministro afirma que la reforma legal de 2022, que incorporó una exclusión para acceder al beneficio, no estableció expresamente si esta debía aplicarse a delitos cometidos antes de su entrada en vigencia.

“No existe una norma que ordene aplicar la nueva exclusión a delitos cometidos antes de su vigencia. Existe, en cambio, una garantía constitucional que apliqué y una controversia jurisprudencial que el propio líbelo reconoce”, expresa el texto.

En el segundo capítulo sobre la rebaja de sentencias por crímenes de lesa humanidad, la defensa afirma que la legislación al respecto no establecía una exclusión expresa para estos delitos y que el ministro carecía de atribuciones para incorporar requisitos adicionales.

“Un ministro de Estado no puede añadir a la ley un requisito o una exclusión que el legislador, pudiendo hacerlo, decidió no incorporar”, indica el documento.

Además, enfatiza que los dos condenados beneficiados por los decretos de Rabat habían cumplido cerca del 90% de sus respectivas penas privativas de libertad. “No hubo impunidad y sí hubo una señal de rehabilitación que la ley ordena considerar”, asegura la defensa.

El tercer capítulo sobre declaraciones inexactas del ministro ante el Congreso y faltas a la verdad en los antecedentes entregados, la defensa sostiene que el desacuerdo se relaciona con el alcance de distintas disposiciones de la Ley 19.856 (de reinserción social) y no con la entrega deliberada de información falsa.

“Una conclusión jurídica extraída de una premisa normativa verdadera puede ser discutida, incluso puede ser errada, pero no es una mentira”, plantea el documento.

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