Luego de que el exalcalde de Vitacura quedase con la máxima cautelar por delitos de corrupción, los abogados Francisco Velozo y Cristián Bawlitza acudieron a la Corte de Apelaciones para acusar que hubo "un evidente agravio a las garantías fundamentales de nuestro defendido".
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La defensa de Raúl Torrealba, exalcalde de Vitacura, ingresó un recurso de apelación ante la determinación del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago de dejar al exjefe comunal en prisión preventiva por una serie de delitos de corrupción.
Ingresado al Anexo Penitenciario Capitán Yábe, Torrealba está siendo imputado por delitos tributarios, fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos al ser acusado del uso fraudulento de los recursos fiscales destinados a los programas Vita del municipio. Según el Ministerio Público, el exalcalde desvió de manera irregular más de $760 millones.
En la apelación, los abogados Francisco Velozo y Cristián Bawlitza acusaron que hubo "errores" por parte de la jueza de Garantía, Carolina Herrera, en los argumentos que dio para dejar a su representado con la máxima cautelar.
Los juristas indicaron que las consideraciones que se tuvieron “generan un evidente agravio a las garantías fundamentales de nuestro defendido -especialmente dada su avanzada edad y condición de salud- que sólo resultaría enmendable por medio del presente recurso”.
Por ello, piden que se le decreten al exjefe municipal las mismas cautelares en las que quedaron el resto de los acusados de la misma causa, que van desde arresto domiciliario nocturno a arraigo nacional, firma mensual y prohibición de comunicación entre los imputados.
En el detalle, los defensores de Torrealba apuntaron a "serios errores respecto de la configuración de los presupuestos materiales de los delitos que tuvo por acreditados, como también en la ponderación de los elementos normativos para justificar la necesidad de cautela”, consignando que no hubo argumentos suficientes para sindicar al exalcalde como responsable de los delitos.
Por ello, manifestaron que la cautelar solo pudo basarse en el peligro de fuga, el cual descartaron “en razón de la conducta procesal que ha manifestado nuestro representado desde el inicio de la investigación, al someterse a todos los actos del procedimiento, incluida su comparecencia voluntaria a la audiencia de formalización, celebrada durante el curso de dos días distintos”. Así, señalaron que el encierro es un "castigo anticipado" antes del juicio.
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