El abogado Patricio Zapata cuestionó los fundamentos del libelo impulsado por la oposición, asegurando que no cumple con el "mínimo" exigido al no identificar infracciones legales concretas.
El abogado Patricio Zapata, quien asumió la defensa del exministro de Hacienda Nicolás Grau frente a la acusación constitucional impulsada por diputados republicanos y nacional libertarios, cuestionó los fundamentos jurídicos del libelo y aseguró que no existen antecedentes que acrediten una vulneración a las normas que regulan la administración financiera del Estado.
En conversación con Radio Pauta, el jurista adelantó que la defensa trabaja en la presentación de los descargos y que estos serán entregados a la brevedad ante la comisión encargada de revisar la acusación.
"Vamos a tratar de entregar los descargos lo antes posible. Toda esta situación siempre es ingrata, así es que la idea es, quizá hoy día mismo o mañana, entregarlos luego de trabajar de forma intensa todo el fin de semana para hacer llegar los argumentos jurídicos a la comisión acusadora", señaló.
Zapata también anticipó que la defensa evalúa recurrir a la cuestión previa, mecanismo que permite que la Sala de la Cámara de Diputados se pronuncie sobre la admisibilidad de la acusación constitucional antes de entrar al fondo del asunto.
"Es muy probable que hagamos uso de esta facultad, haciéndola presente en el escrito y en la sala cuando seamos citados para la votación", explicó el abogado.
Según el jurista, el libelo no identifica infracciones concretas a la Constitución ni a la ley, requisito indispensable para sustentar este tipo de acciones.
"Yo creo que no lo hace. Eso es lo que uno pide con la cuestión previa", dijo.
Asimismo, manifestó confianza en que los parlamentarios analizarán detenidamente los antecedentes antes de emitir un pronunciamiento definitivo.
"Tengo la tranquilidad de contar con la oportunidad de que nos escuchen y que los diputados reflexionen al respecto, incluso cuando legítimamente algunos han expresado un primer juicio".
En esa línea, reiteró su convicción de que no existen fundamentos jurídicos suficientes para sostener la acusación.
"Estoy convencido de que aquí no se acredita ninguna vulneración a alguna regla jurídica".
Finalmente, Zapata recalcó que una acusación constitucional debe estar sustentada en hechos específicos y no en planteamientos generales o abstractos, aunque reconoció la facultad que tienen los parlamentarios para presentar este tipo de iniciativas.
"El sentido de una AC es que alguien violó un mandato o incurrió en una conducta indebida. No puede ser algo genérico o abstracto, o que escape al campo de las reglas. Reconozco con respeto que los diputados que presentaron la AC ejercen una atribución que poseen, pero en mi opinión esta AC no alcanza a cumplir con lo que podríamos llamar el mínimo", cerró el jurista.
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