La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, procesó este martes al excomandante en jefe del Ejército, entre 2002 y 2006, por malversación de caudales públicos.
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Los abogados defensores del excomandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, calificaron de “injusta e improcedente” la resolución de procesamiento en su contra.
La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, procesó este martes al excomandante en jefe del Ejército, entre 2002 y 2006, por malversación de caudales públicos.
La defensa señaló que “el procesamiento en cuestión alude a un estipendio mensual dispuesto para los excomandantes en jefe mediante un decreto presidencial. Por ello, nuestra opinión es que la resolución que lo ha sometido a proceso es injusta e improcedente y estamos analizando los caminos a seguir para impugnarla”.
Agregaron que “en todo evento, como defensa aclaramos a la opinión pública que no hay ningún cuestionamiento en materia de probidad durante el ejercicio del cargo como comandante jefe”.
Los abogados aseguraron que el excomandante en jefe de la institución castrense ha prestado colaboración en todas sus declaraciones.
La ministra Rutherford, además, decretó prisión preventiva por dicha causa contra Cheyre, ordenando su ingreso al Batallón de Policía Militar N° 1 de Peñalolén.
El procesamiento en contra del exuniformado es por la utilización irregular de $128.638.559 que debían ser destinados a labores de inteligencia.
Recordemos que el exjefe militar fue condenado en 2018 por encubrir 15 homicidios ocurridos el 16 de octubre de 1973, transformándose en el primer excomandante en jefe del Ejército en ser sancionado por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
En la misma resolución, la ministra en visita amplió los procesamientos, también por malversación, para los excomandantes en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba y Óscar Izurieta, por montos que equivalen a $50.714.559 y $95.153.689, respectivamente.
A ambos se les mantuvo la libertad provisional bajo fianza otorgada por la Corte Marcial y el arraigo nacional.
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