Durante la audiencia, el juez Fernando Guzmán consideró que la libertad de los ocho imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación. Además, fijó en 180 días para la investigación.
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El Primer Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para siete exfuncionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y un civil, quienes fueron formalizados por delitos de asociación criminal, tráfico ilícito de estupefacientes, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público, contrabando y receptación aduanera.
Durante la audiencia, el juez Fernando Guzmán consideró que la libertad de los ocho imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación. Además, fijó en 180 días para la investigación.
Según los antecedentes de Fiscalía, entre 2024 y 2025 habría operado dentro de la Brigada de Investigación Criminal de Puente Alto un grupo organizado de funcionarios policiales, junto a un civil, dedicado a cometer distintos delitos para obtener ganancias económicas.
Este grupo estaba integrado por varios subcomisarios, inspectores, una subinspectora y un agente policial, que se habrían coordinado con un civil para dar cobertura y protección a las actividades ilícitas.
Los funcionarios habrían aprovechado su posición jerárquica, funciones y acceso a recursos institucionales para actuar de forma concertada.
Los sujetos fueron acusados de apropiarse de dineros bajo custodia o depósitos derivados de procedimientos policiales; falseado documentos públicos para facilitar esa apropiación, quedarse con parte de cigarrillos incautados y obtener beneficio económico de ellos; y apropiarse y traficar sustancias ilícitas.
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