El tribunal de alzada confirmó la decisión tomada por el 1° Juzgado Civil de Santiago el 31 de octubre de 2023, en la que se desestimaba una demanda por $37 mil millones que CLC presentó contra el Fisco.
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La Corte de Apelaciones desestimó un recurso de casación interpuesto por la Clínica Las Condes (CLC) que buscaba revocar un fallo de primera instancia que había rechazado su demanda contra el Estado de Chile.
Según informa La Tercera, la clínica reclamaba indemnización por los presuntos perjuicios sufridos debido a las medidas sanitarias adoptadas durante la pandemia de Covid-19.
El tribunal de alzada capitalino confirmó la decisión tomada por el 1° Juzgado Civil de Santiago el 31 de octubre de 2023, en la que se desestimaba una demanda por $37 mil millones que CLC presentó contra el Fisco.
El recurso fue declarado inadmisible por errores técnicos en su presentación. Además, la corte subrayó que los hechos probados no constituían una “limitación al derecho de propiedad, ya que los acuerdos establecidos en la licitación pública garantizaban precios de mercado que CLC había aceptado, al igual que otras clínicas privadas durante la emergencia sanitaria”.
Raúl Letelier, presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), defendió la postura del gobierno, resaltando que “los pagos realizados por el Estado estaban ajustados a los precios establecidos en la licitación pública y no hubo una limitación especial a la propiedad de la clínica”.
“La sentencia es clara en mostrar que el valor pagado por el Estado garantizó un precio de mercado de acuerdo con una licitación pública que le reportó valores idénticos a la CLC con relación a los demás convenidos con otras clínicas privadas durante la emergencia sanitaria y (...) niega que haya habido una limitación especial a la propiedad o que haya existido alguna figura de requisición y valida el actuar de los organismos públicos involucrados en el manejo de la emergencia sanitaria y social provocada por la pandemia de la Covid-19", complementó Letelier.
CLC había demandado al Fisco por los perjuicios sufridos entre marzo de 2020 y mayo de 2021, solicitando el pago de $37.8 mil millones, pero el fallo de primera instancia fue tajante al rechazar sus pretensiones.
La jueza Isabel Zúñiga consideró que la clínica no podía reclamar por una pérdida de ganancias derivada de la pandemia, ya que su acción no fue un “sacrificio”.
Además, Zúñiga destacó que “las cantidades pedidas en los precios que ordinariamente percibe la demandante por prestaciones como las requeridas por la autoridad sanitaria, hubieran importado para ella obtener ganancias incluso superiores a las esperables de no haber mediado la pandemia, por efecto del aumento de la demanda de camas críticas”.
CLC había registrado como deuda lo que atribuía a Fonasa, lo que generó tensiones internas y conflictos en la aprobación de los estados financieros de la clínica.
En medio de la pandemia, el gobierno de la época impuso un precio máximo para las prestaciones Covid, lo que significaba tarifas significativamente más bajas que las que CLC cobraba habitualmente.
En este sentido, la clínica se opuso a esta medida, argumentando que los precios establecidos en una licitación de 2018, en la que no participó, no debían aplicarse a su caso. Y que, por lo tanto, sin tener convenios vigentes, esa fijación no la obligaba a aceptar esos precios.
De esta forma, CLC fue la única entidad que se negó a aceptar el pago del Estado por esa vía en la pandemia.
PURANOTICIA
