El tribunal notificó a la Contraloría y ordenó que ésta evacúe un informe en el cual deberá argumentar por qué son necesarios los datos sensibles para auditar platas fiscales.
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La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió a trámite un recurso de protección interpuesto en contra de la Contraloría, luego que su titular, Dorothy Pérez, exigiera la entrega de datos sensibles de niños trans al Ministerio de Salud (Minsal), para fiscalizar el uso de recursos públicos.
Según Informe Especial de TVN, el libelo fue presentado por un usuario de la Iniciativa de Apoyo a la Identidad de Género y del Programa Salud Trans del Minsal, a quien llamaremos Pedro para proteger su identidad y argumentó que la decisión adoptada por Pérez, atenta contra la Ley de Protección de Datos Personales y vulnera su fuero interno.
“La entrega de listados de beneficiarios con diagnósticos y tratamientos específicos de identidad de género constituye una intromisión desproporcionada en mi vida privada”, escribió Pedro.
En la misma línea, pidió que cualquier información que eventualmente se entregue, sea “estrictamente anonimizada, disociada e irreconocible”.
La Corte sanmiguelina estimó que la presentación de Pedro cumplía con los estándares formales para analizar el fondo del asunto, pero rechazó la “orden de no innovar” que buscaba paralizar los efectos del “oficio Pérez”.
El tribunal notificó a la Contraloría y ordenó que ésta evacúe un informe en el cual deberá argumentar por qué son necesarios los datos sensibles para auditar platas fiscales.
De hecho, la semana pasada, el organismo fiscalizador solicitó ampliar el plazo en 10 días para entregar la respuesta, lo que fue acogido por la judicatura.
Una vez que se cumpla el trámite, el recurso de protección será puesto en tabla y se resolverá si la decisión adoptada por Pérez cumple los estándares de constitucionalidad.
En enero pasado una presentación similar fue interpuesta por la Corporación Be Yourself por hechos similares, pero fue declarada inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Todo comenzó a mediados de enero pasado, a raíz de un oficio enviado por la CGR a la cartera del ramo inquiriendo los números de RUT, nombre social y registral, identidad de género, fecha de nacimiento, ingreso y egreso del programa, el hospital donde se trata él o la menor de edad y la vigencia del servicio.
En la cartera se analizó la orden administrativa y se resolvió no entregar los datos requeridos argumentando que existen leyes nacionales y tratados internacionales que protegen la infancia.
A raíz de la negativa, Dorothy Pérez reiteró la petición y advirtió que, de no cumplir la orden, ejercería la facultad que tiene para multar o bien suspender del cargo a la autoridad responsable.
En paralelo a esta polémica, la Defensoría de la Niñez (DDN) alzó la voz y envió un documento reservado a la Contraloría, donde exhortó a esta última a cumplir con la legislación nacional e internacional que protege a niñas, niños y adolescentes, en la misma línea que el Minsal.
En el escrito, la DDN apuntó que el organismo fiscalizador debe “ponderar no solo su finalidad fiscalizadora, sino que, además, los impactos adversos (...) y eventuales riesgos y el tratamiento de dicha información cuando se trata de grupos de especial protección”.
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