El informe CIC N°22 detectó que diversas comunas destinaron más recursos a eventos que a ayudas directas, con desembolsos totales que superan los $31 mil millones-.
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A través del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, la Contraloría General de la República identificó múltiples situaciones en las que diversos municipios del país priorizaron el gasto de recursos públicos en festividades por sobre la asistencia social dirigida a personas naturales. Este análisis pormenorizado se centró en la inversión municipal efectuada en conmemoraciones, celebraciones y eventos festivos durante el periodo comprendido entre los años 2024 y 2025.
Para la elaboración de este reporte, el ente fiscalizador revisó la ejecución presupuestaria de 345 municipalidades. La metodología contempló el examen de órdenes de compra y antecedentes alojados en Mercado Público, además de los registros financieros institucionales reportados mediante la plataforma Sicogen. Cabe precisar que el estudio excluyó los desembolsos realizados por corporaciones municipales y aquellos destinados a eventos de carácter transversal, como es el caso de las Fiestas Patrias.
Los datos arrojan que, durante el ejercicio 2024, las administraciones de Alto Hospicio, Talca, Arica, Camarones, Huara, San Pedro de Atacama y Pozo Almonte exhibieron una brecha superior a los $90 millones entre lo invertido en festejos y lo destinado a ayudas sociales directas. Esta tendencia se mantuvo vigente durante 2025 en las comunas de Alto Hospicio, Pozo Almonte y Arica, según detalla el informe.
En términos globales, la auditoría reveló que el monto total transado en órdenes de compra para celebraciones superó los $31.034 millones. Respecto al comportamiento por entidad, en 2024 se contabilizaron 118 municipios que sobrepasaron el gasto promedio nacional en esta área, el cual se fijó en $51 millones. En tanto, para el año 2025, fueron 104 las casas edilicias que excedieron el promedio de $38 millones por comuna.
El desglose de los gastos indica que un 39% del presupuesto total —equivalente a más de $12.095 millones— se concentró en la producción de eventos y servicios logísticos, tales como catering, arriendo de sistemas de sonido y baños químicos. Las mayores inversiones se agruparon en efemérides como el Día Internacional de la Mujer, Halloween, el Día de las Infancias, el Día de la Madre, el Día del Padre y el Día del Adulto Mayor, entre otras fechas del calendario.
Sumado a lo anterior, se detectaron gastos por un monto de $136.489.150 vinculadas a festividades específicas, entre las que figuran el Día de la Trashumancia, Día del Juego, Día del Artesano, Día del Artista Local, Día del Circo, Día del Payador, Día del Químico Farmacéutico, Día de la Amistad, Día de la Cuidadora, Día de la Sonrisa, Día de la Primavera, Día de la Solidaridad, Día de las Mascotas, Día de “los que pasamos agosto”, Día de Pascua, Día del Perro, Día del Profesional, Día del Títere y el Día del Rock.
En cuanto al análisis por habitante, si bien el CIC establece que el promedio nacional de gasto per cápita en festejos fue de $9.064, existen zonas que superan con creces dicha media. Destacan los casos de Río Verde ($981.871), Sierra Gorda ($201.964), Camarones ($198.915), Laguna Blanca ($154.081) y Torres del Paine ($105.109), que lideran el ranking de gasto por persona a nivel nacional.
Por otra parte, 11 municipalidades acumularon gastos en celebraciones por sobre los $360 millones en el lapso analizado. En este grupo sobresalen las gestiones de Alto Hospicio, Arica, Pozo Almonte, Victoria, Teno y Melipilla, las cuales concentraron las cifras más abultadas del país en este ítem.
Ante estos hallazgos, la Contraloría enfatizó que, bajo el amparo de la Ley N° 18.695, todo gasto municipal debe vincularse estrictamente con el cumplimiento de las tareas propias de la institución y buscar el beneficio de la comunidad local, bajo los principios de eficiencia y economicidad. En esa línea, el organismo recalcó que la inversión en festejos debe ser entendida como un instrumento para alcanzar los fines municipales y no como una finalidad en sí misma, de acuerdo a la jurisprudencia vigente.
Como acción inmediata tras este diagnóstico, el órgano de control anunció que iniciará fiscalizaciones y exámenes de cuentas focalizados en aquellos municipios que hayan vulnerado la normativa o cuyos niveles de gasto en eventos resulten desproporcionados en comparación con su inversión social y los promedios nacionales.
PURANOTICIA
