En un documento firmado por la contralora general Dorothy Pérez, la CGR enfatiza que su función no responde a ciclos políticos ni intereses particulares, sino a principios permanentes de integridad, legalidad y eficiencia.
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A pocas semanas de las primarias presidenciales oficialistas del 29 de junio, la Contraloría General de la República reiteró el instructivo dirigido a todas las autoridades, funcionarios y entidades fiscalizadas del Estado con el fin de resguardar el cumplimiento de las normas y principios que rigen la administración pública en períodos electorales.
En el documento, firmado por la contralora general Dorothy Pérez, la CGR enfatiza que su función no responde a ciclos políticos ni intereses particulares, sino a principios permanentes de integridad, legalidad y eficiencia.
Además, la institución de control recordó que su misión es velar por la legalidad y probidad en la gestión pública, especialmente en períodos donde la actividad política puede verse influenciada por el uso indebido de recursos públicos.
Asimismo, recalcó la importancia de respetar el principio de prescindencia política, que obliga a los servidores públicos a abstenerse de utilizar recursos, plataformas o infraestructura institucional para fines proselitistas o de apoyo a candidaturas.
Entre las principales instrucciones, se destaca la prohibición de realizar actividades políticas en horario laboral, el uso indebido de bienes y recursos públicos para fines electorales, y la obligación de garantizar la igualdad en la organización de actos públicos y ceremonias, evitando discriminaciones entre sectores políticos.
Además, se recuerda que los funcionarios no pueden hacer proselitismo ni promover candidaturas desde plataformas institucionales, así como tampoco valerse de su cargo para influir en procesos electorales.
El instructivo también establece medidas disciplinarias y sanciones para quienes incumplan estas normas, incluyendo la posibilidad de destitución y responsabilidades penales. Asimismo, se refuerza la prohibición de realizar aportes de campaña, usar bases de datos institucionales con fines políticos, y la necesidad de mantener la neutralidad en el uso de bienes, vehículos y recursos financieros del Estado.
Otro punto que se indica es que a contar del 17 de octubre de 2025 (30 días antes de las elecciones generales), los servidores públicos no pueden ser trasladados (destinados) o designados en comisión de servicio fuera del lugar en que ejercen sus funciones.
La limitación antes referida afecta tanto a la destinación dispuesta por iniciativa del servicio, como a la ordenada a solicitud del interesado. No obstante, el instructivo especifica algunas excepciones.
Se incorporan en el texto detalles respecto de los gastos en publicidad y difusión, y también sobre la utilización del nombre o imagen de una autoridad o exautoridad. Se incluyen, igualmente, regulaciones a tener especialmente en cuenta, como el correcto cumplimiento de la jornada de trabajo y que viáticos, pasajes y horas extraordinarias deben corresponder a cometidos y labores estrictamente institucionales.
En esa misma línea, se pone de relieve la importancia de que las autoridades ejerzan un control jerárquico permanente y adopten medidas para difundir estas instrucciones, garantizando así la transparencia y la igualdad en el proceso electoral.
PURANOTICIA
