La decisión se originó en el reclamo del carabinero Carlos Leal Aqueveque, excluido del proceso de promoción por la Subsecretaría del Interior debido a dos causas penales abiertas en su contra desde 2017.
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El miércoles 5 de noviembre, la Contraloría General de la República invalidó un dictamen del Ministerio del Interior que impedía ascensos en Carabineros a funcionarios procesados.
La decisión se originó en el reclamo del carabinero Carlos Leal Aqueveque, excluido del proceso de promoción por la Subsecretaría del Interior debido a dos causas penales abiertas en su contra desde 2017.
El órgano contralor concluyó que Interior aplicó una inhabilidad no contemplada en la legislación vigente y ordenó revisar el caso conforme a derecho, sin aplicar restricciones que la ley no establece.
El diputado Diego Schalper (RN) valoró el dictamen: “El hecho de estar formalizado no es impedimento para que una persona pueda ascender. Es extremadamente importante, tiene que ver con respetar el debido proceso y la presunción de inocencia”.
El parlamentario ofició al Ministerio de Seguridad, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) para conocer cuántos funcionarios están en esa situación y qué medidas adoptará el ministro Luis Cordero.
Consultado, el ministro de Seguridad Pública reconoció que se trata de una discusión jurídica arrastrada desde hace tiempo. “En general, las personas cuando están involucradas en este tipo de delitos, y bajo sumario, tiene efectos en la regulación de los ascensos, y lo que tenemos aquí es una regla del sistema antiguo”, explicó.
La autoridad insistió en que “los ascensos suponen mecanismos de promoción donde las hojas de vida son bien determinantes”, dejando abierta la tensión entre el criterio administrativo y el dictamen de la Contraloría.
En 2017, Leal Aqueveque fue formalizado por delitos graves -torturas, apremios ilegítimos, detención ilegal y falsificación de instrumento público- tras operativos en el barrio Meiggs. Desde entonces enfrenta dos causas penales abiertas, con firma quincenal, y el Ministerio Público solicita para él 20 años de presidio mayor. Además, Carabineros abrió un sumario interno que terminó en 2020 con una sanción de tres días de arresto con servicios.
Al intentar postular a un ascenso, la Subsecretaría del Interior lo dejó fuera del proceso, aplicando el “artículo 29 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1968”, que prohíbe ascender a quienes estén “procesados”. Interior argumentó que la figura de “formalizado” debía equipararse al antiguo concepto de “procesado”.
El funcionario reclamó ante la Contraloría General de la República, cuestionando la interpretación de Interior.
El 5 de noviembre, la Contraloría acogió el reclamo y concluyó que se aplicó una inhabilidad inexistente en la legislación actual. “Ni la formalización de la investigación ni el auto de apertura del juicio oral pueden estimarse equivalentes a tal resolución, careciendo esta Entidad de atribuciones para asimilar dichas figuras al concepto de ‘procesado’”, señaló el organismo, citando jurisprudencia previa.
La CGR ordenó revisar el caso sin aplicar prohibiciones que la ley no contempla, aclarando que no obliga a ascenderlo, pero sí a evaluarlo conforme a derecho.
PURANOTICIA
