La Contraloría General de la República realizó una auditoría y detectó una serie de debilidades en los procesos de fiscalización, control y registro de edificaciones en la comuna.
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Con el propósito de revisar el cumplimiento de la normativa, la Contraloría General de la República realizó una auditoría en la Municipalidad de Calera de Tango, región Metropolitana, detectando una serie de debilidades en los procesos de fiscalización, control y registro de edificaciones en la comuna.
Así lo estableció el Informe Final de Investigación Especial N° 213 de 2025, de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, cuya finalidad fue verificar el cumplimiento de la normativa urbanística, la actuación de la Dirección de Obras Municipales (DOM) y de la Sección de Patentes Comerciales de la Dirección de Administración y Finanzas, así como validar la actualización del catastro comunal.
La fiscalización de la CGR también tuvo como foco revisar que las edificaciones cumplan las normas para proteger los ecosistemas, además de verificar si las construcciones levantadas implican riesgos estructurales, que podrían afectar la movilidad y el derecho al espacio público, y eventuales incumplimientos de las normas sanitarias, que conllevarían a un perjuicio a la ciudadanía.
El informe constató 26 propiedades emplazadas en Áreas de Preservación Ecológica, todas subdivididas en parcelas de 5 mil metros cuadrados, pese a que el Plan Regulador Metropolitano de Santiago solo permite actividades mínimas y estrictamente vinculadas a fines científicos, educativos, deportivos o turísticos. La situación está pendiente de resoluciones judiciales y ambientales, mientras, la Contraloría instruyó al municipio reforzar sus controles y evitar nuevas construcciones sin permiso.
Asimismo, en la revisión detallada de 18 roles, el organismo detectó 17 con infracciones a la normativa, incluyendo edificaciones sin permisos ni recepciones finales, sin informes favorables de la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Servicio Agrícola y Ganadero del Ministerio de Agricultura, instalaciones municipales o comerciales operando sin autorización, cambios de destino no tramitados y actividades económicas sin patente o con giros distintos a lo establecido en sus permisos.
Entre ellas, destacan un taller mecánico instalado en espacio fiscal, galpones sin permiso, centros de eventos, hogares de ancianos, una fábrica de fundición de metales y dependencias municipales funcionando en inmuebles sin regularización, por lo que la CGR pidió acreditar la regularización de cada caso o, en su defecto, informar el estado de avance y medidas adoptadas, incluyendo clausuras efectivas y fiscalizaciones periódicas.
Además, la revisión permitió verificar que 12 de las 17 irregularidades no habían sido fiscalizadas por las unidades municipales, y que las sanciones aplicadas solo se limitaban a partes al Juzgado de Policía Local.
Por lo anterior, la CGR instruyó al municipio implementar un plan de trabajo que establezca periodicidad de inspecciones y medidas sancionatorias más efectivas y anunció que iniciará un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas en la DOM y en la Sección de Patentes Comerciales de la Dirección de Administración y Finanzas, por falta de fiscalización y por no aplicar todas las atribuciones que otorga la ley.
El informe también detectó un caso que involucra a un funcionario municipal, quien recibió un parte por construcción sin permiso en 2021, pero cuyo ingreso no figura registrado en el Juzgado de Policía Local. El municipio abrió un procedimiento disciplinario, y la Contraloría incorporará uno adicional para determinar eventuales responsabilidades por infracción a la Ley de Bases de la Administración del Estado.
Asimismo, se verificó que una demolición ordenada en 2022 —correspondiente a un muro construido sobre vía pública— no se había ejecutado, por lo que la municipalidad deberá acreditar su cumplimiento.
Finalmente, el organismo constató que la DOM no cuenta con un catastro único consolidado, sino con cuatro archivos Excel con información incompleta e imprecisa, incluyendo permisos sin registro y falta de trazabilidad en expedientes anteriores a 2017, por lo que deberá informar avances en el proceso de consolidación del catastro en un plazo de 60 días hábiles.
PURANOTICIA
