Un informe detectó que 38 estudiantes sancionados volvieron a matricularse en recintos similares o en los mismos. Autoridades de Educación tienen hasta el 31 de mayo para actuar.
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A través del Informe Final N°660, la Contraloría General de la República (CGR) evidenció falencias en el sistema de reubicación de aquellos escolares que han sido expulsados por episodios de violencia en establecimientos educacionales de la región Metropolitana.
El análisis del ente fiscalizador se centró en el período auditado de 2025 y abarcó a siete recintos educativos, que agruparon la mayor cifra de sanciones y denuncias: Instituto Nacional, INBA, Lastarria, Barros Borgoño, Liceo de Aplicación, Carmela Carvajal y Liceo 7 de Providencia.
Respecto a los hallazgos, el texto del organismo detalla que “se revisó la reubicación de los estudiantes de colegios emblemáticos que fueron sancionados, ya sea con la cancelación de la matrícula o expulsión, constatándose que 38 alumnos fueron reubicados o cuentan con matrícula actual, según lo registrado en el Sistema de Información General de Estudiantes, en algún otro colegio emblemático o en el mismo establecimiento”. Esta situación, advierte la entidad, se concretó “sin que hayan sido reubicados de conformidad a lo establecido” por la normativa que rige actualmente.
Las cifras desglosadas por la auditoría muestran un escenario particular: un 79% de estos adolescentes terminó matriculándose en otros liceos emblemáticos que también presentan altos problemas de violencia. En tanto, el 21% restante logró reingresar exactamente al mismo recinto educacional desde donde se le había cancelado la matrícula o expulsado.
Frente a este panorama, la CGR instruyó directamente a la Subsecretaría de Educación y a la Superintendencia del ramo que “deberán adoptar coordinadamente las medidas pertinentes (...) para la reubicación en nuevos establecimientos de aquellos estudiantes que hayan sido sancionados con la medida de expulsión o cancelación de matrícula, considerando en particular aquellas aplicadas con motivo de hechos vinculados con violencia”. Para dar cuenta de los avances en esta materia, ambas reparticiones tienen como plazo límite el próximo 31 de mayo.
Desde el ámbito municipal, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), valoró a El Mercurio la resolución como “una muy buena noticia, que cuadra justo en un momento en el cual esto ya se ha hecho crítico. Hay ocho colegios en Chile que concentran la violencia extrema de los overoles blancos, que no es una violencia espontánea, sino que una violencia política organizada con el objetivo de destruir los colegios emblemáticos”.
Por su parte, Mario Desbordes, alcalde de Santiago, enfatizó que “hay que evitar que se concentren en esos establecimientos (emblemáticos), por eso las expulsiones que se hacen por Aula Segura tienen que significar que salgan de estos establecimientos, que no vuelvan a llegar ahí. Me parece completamente extraño que muchos de ellos terminan de vuelta en el mismo establecimiento, o en otros donde también se producen hechos de violencia”.
Sumándose a las reacciones, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel (Ind.), apuntó a la responsabilidad gubernamental, indicando que “el Estado tiene que hacerse cargo, una vez que alguien sea expulsado, de gestionar el ingreso al recinto adecuado y que no pase lo que está pasando hoy, que es simplemente sacarlo para que vuelva a entrar”.
Desde el Ejecutivo, Daniel Rodríguez, subsecretario de Educación, garantizó que se concretará la reubicación de los escolares involucrados. "Nosotros asumimos el Gobierno y nos toca dar respuesta a una auditoría que se hizo, en rigor, en el período anterior. Y al mismo tiempo, entra una variable nueva que es la Ley de Convivencia, que tiene una regulación expresa en esa materia", explicó la autoridad.
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