El organismo fiscalizador determinó que la mano derecha del alcalde, Tomás Fuentes, fue designado como Dideco pese a tener una inhabilidad judicial vigente.
visitas
La Contraloría General de la República declaró ilegal la designación del director de Desarrollo Comunitario de Ñuñoa, Tomás Fuentes Barros, mano derecha del alcalde Sebastián Sichel, por estimar que el nombramiento no cumplió con los requisitos legales vigentes.
El ente fiscalizador constató que el directivo tomó posesión de su puesto en la Dideco estando bajo una sentencia judicial que le impedía ejercer labores en el aparato estatal. Dicho antecedente fue omitido durante la tramitación de su nombramiento en el municipio.
El origen de esta restricción se remonta a marzo de 2025, fecha en la que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago le impuso un castigo de 41 días de suspensión para ocupar cargos públicos. Esta medida disciplinaria nunca se concretó ni se comunicó en los plazos correspondientes.
Según consigna La Tercera, la pena derivaba de un delito por conducción en estado de ebriedad. El hecho sucedió en octubre de 2024, cuando el exadministrador conducía su vehículo BMW con 2,16 gramos de alcohol por litro de sangre.
A pesar de la existencia de este antecedente, y luego de abandonar su puesto previo en medio de cuestionamientos, el profesional fue designado esa misma jornada en la dirección de Desarrollo Comunitario. Durante esa instancia, declaró bajo juramento no tener inhabilidades.
El dictamen emitido por la entidad fiscalizadora resultó categórico al explicar que el aludido se encontraba “afecto a una inhabilidad judicial vigente para el ejercicio de cargos u oficios públicos al momento de su nombramiento como director de desarrollo comunitario, no cumplía con el requisito establecido en el artículo 10, letra f), de la ley N° 18.883, razón por la cual esa designación no se ajustó a derecho".
De igual forma, la institución advirtió sobre posibles faltas a la probidad administrativa, argumentando que “la conducta descrita podría constituir el incumplimiento del deber de informar que emana del principio de probidad administrativa, en cuanto dicho principio exige un comportamiento leal y transparente del servidor público y la preeminencia del interés general por sobre el particular”.
Frente a estos antecedentes, el alcalde Sichel instruyó la realización de sumarios administrativos al interior de la municipalidad. El objetivo de esta medida es determinar eventuales responsabilidades, apuntando tanto al propio funcionario como a quienes validaron el cumplimiento de los requisitos para su nombramiento.
Tras conocerse el dictamen, surgieron inmediatas reacciones desde el concejo municipal. En representación del FA, el concejal Andrés Argandoña afirmó que “esto era evidente desde el principio. Un funcionario condenado no puede asumir un cargo público. La Contraloría lo confirmó hoy: el nombramiento no se ajustó a derecho y es nulo. El alcalde Sichel conocía esta realidad pero decidió avanzar igual”.
PURANOTICIA
