El edificio ubicado en Providencia permanece ocupado ilegalmente por un grupo de estudiantes secundarios y miembros de otras organizaciones, desde el 8 de julio del año pasado.
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Poco tiempo le queda a la toma que desde hace ocho meses que un grupo de estudiantes secundarios llevan a cabo en la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
¿La razón? Contraloría emitió hace una semana una resolución que obliga al director de la entidad, Sergio Micco, solicitar el desalojo de los manifestantes que ocuparon el inmueble el 8 de julio de 2021 para exigir tanto la libertad de los presos de la revuelta como la renuncia del mismo Micco, a quien atribuyen cierta responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos.
Según informó La Tercera, el documento fue emitido el 18 de febrero y establece un plazo de 30 días para desalojar el edificio ubicado en la comuna de Providencia. Esta resolución adoptada por el contralor Jorge Bermúdez se emitió tras una consulta que realizaron los diputados UDI Jorge Alessandri, Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma, quien también pidieron revisar la adquisición de un WC y otros accesorios por 1.5 millón de pesos, materia en la que el dictamen no hace referencia.
“Resulta contrario a esa finalidad (el desarrollo de sus funciones propias) y, por ende, a derecho, que un inmueble destinado a la satisfacción de necesidades públicas de la colectividad en su conjunto en una labor tan trascendental como el resguardo de los derechos humanos y la custodia de documentos reservados o secretos, y en el que se gastan recursos estatales pagando una renta de arrendamiento, no pueda ser utilizado por el respectivo organismo”, reza el dictamen, en referencia a los documentos, testimonios y antecedentes aportados por víctimas de la dictadura ante la Comisión Valech, registros que deben ser resguardados por el INDH, y que constituye el elemento más delicado de todos los que se encuentran en el edificio tomado por integrantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile, ACES, liderados por Víctor Chanfreau y varios otros miembros de otras organizaciones.
El dictamen además sostiene que “la ocupación del instituto por un grupo de interés merma el desarrollo de las labores de promoción y protección de los derechos humanos que corresponden a ese servicio, generando por tanto una afectación a los integrantes de la comunidad nacional, particularmente a aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y que más requieren la intervención de este órgano público”.
En consecuencia, Bermúdez obliga al consejo del INDH a “adoptar de inmediato las medidas que en derecho correspondan para reestablecer la utilización del referido inmueble y asegurar que este sea empleado para el fin público para que se contrató, informando al respecto a esta entidad de control dentro del plazo de 30 días a contar de la recepción de este pronunciamiento”.
Se informó que los integrantes del consejo del INDH se reunirán este lunes 28 de febrero para abordar este asunto.
En declaraciones a La Tercera, el diputado Jorge Alessandri criticó a Sergio Micco pues “no ha hecho sus máximos esfuerzos para recuperar el INDH”, al punto que dijo creer que no tendría interés en recuperar el inmueble. “Este dictamen es importante porque le ordena al director del INDH que recupere el inmueble, que saque a aquellos que lo tienen tomado, que dé el ejemplo en cuanto a tomas, en cuanto a cumplimiento, en cuanto a Estado de derecho. El INDH hoy más que nunca debe partir por dar el ejemplo de que hace la pega, que está dispuesto a defender los recursos y los inmuebles fiscales y de darle una señal al país de que las tomas no son legales”, concluyó.
PURANOTICIA
