Un día después de la asunción del Presidente José Antonio Kast, María Pía Adriasola fue vista en el casino del Palacio de La Moneda sirviendo almuerzos a algunos funcionarios.
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Un plazo de 10 días hábiles fijó la Contraloría General de la República al Gobierno para que entregue antecedentes sobre eventuales incumplimientos de protocolos en dependencias de La Moneda, en el marco de un episodio que actualmente está siendo revisado por el organismo fiscalizador.
La acción se originó tras una presentación realizada por el diputado Daniel Manouchehri, lo que dio paso a la emisión de un oficio en el que se solicita información detallada sobre los procedimientos internos que regulan el funcionamiento en la sede de Gobierno.
El episodio se produjo el día posterior al cambio de mando, cuando la Primera Dama, María Pía Adriasola, se dirigió a la cocina del casino del Palacio de La Moneda y se sumó a la labor de servir almuerzo junto al personal. La situación fue registrada en un video, donde se le observa detrás del mesón colaborando en la entrega de bandejas, lo que generó sorpresa entre funcionarios presentes.
A partir de estos hechos, el parlamentario socialista señaló en su cuenta de X que “la manipulación de alimentos exige guantes, mascarilla y cubre pelo. Son protocolos sanitarios básicos. En La Moneda también deben cumplirse”, agregando que “oficiaremos a Contraloría y al Seremi de salud para que investiguen y determinen responsabilidades. El Estado funciona con reglas. La Moneda no es un fundo”.
En el documento, la Contraloría establece que “al respecto, se requiere informar y/o proporcionar -según corresponda- copia de protocolos y/o instrucciones internas, que regulen el ingreso de personas a la referida dependencia e informar, además, sobre cualquier otro aspecto que se estime relevante señalar en relación con lo requerido”.
Asimismo, el organismo dispuso remitir los antecedentes a instituciones del ámbito sanitario, señalando que “se remite copia de la presentación en comento a la Subsecretaría de Salud Pública; a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región Metropolitana; y, al Instituto de Salud Pública, a fin de que informen sobre los hechos descritos en la misma”.
De acuerdo con lo instruido, el Ejecutivo deberá responder “al tenor de lo expuesto por el recurrente, dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la recepción de este oficio”, conforme a lo establecido en la normativa vigente.
El proceso se mantiene en curso mientras la Contraloría recopila los antecedentes requeridos, con el objetivo de determinar si las actuaciones se ajustaron a los protocolos y disposiciones aplicables en La Moneda.
PURANOTICIA
