El requerimiento formal al ente fiscalizador fue ingresado por parte de los diputados UDI Henry Leal y Sergio Bobadilla.
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La confirmación del Gobierno sobre el financiamiento de la defensa del exministro de Energía, Diego Pardow, en el marco de su acusación constitucional, motivó un requerimiento formal por parte de los diputados UDI Henry Leal y Sergio Bobadilla.
Ambos solicitaron a la Contraloría General de la República (CGR) aclarar si corresponde que el Ejecutivo asuma ese gasto, apelando a precedentes como los casos de Andrés Chadwick (2019) y Maya Fernández (2025), quienes costearon personalmente sus respectivas defensas jurídicas.
El jueves 30 de octubre, la CGR ofició a las subsecretarías General de la Presidencia, Interior, Energía y Hacienda, solicitando pronunciarse sobre el apoyo jurídico entregado a Pardow. En el documento, el organismo instruyó: "Informar a este Organismo de Control, en el plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del presente oficio, respecto a lo expuesto por el recurrente".
Además, especificó que "dicho informe deberá ser preparado con intervención de la Asesoría Jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo no cuente con ese profesional".
Finalmente, la Contraloría indicó que "deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata".
Tras conocerse la intervención del ente fiscalizador, los diputados Leal y Bobadilla valoraron la decisión: "Desde un inicio planteamos que lo más sensato era que la Contraloría pudiera despejar esta duda, porque al menos a nuestro juicio, resulta absolutamente imprudente que todos los chilenos, junto con pagar los costos por el error que cometió el exministro, tengan que además costear su defensa jurídica con sus impuestos".
Agregaron que "es una muy buena señal que la Contraloría General de la República decidiera abrir una investigación por esta inexplicable decisión del Ejecutivo. Aquí nadie le está negando al exministro Pardow su derecho a una defensa, pero no parece prudente que con los recursos de todos los chilenos se financie su abogado, especialmente considerando que ya renunció a su cargo".
En referencia al impacto del caso, señalaron: "Cuando estamos hablando de una negligencia que provocó cobros en exceso por más de $110 mil millones de pesos, lo mínimo es que el acusado asuma personalmente su defensa, sobre todo si ya no forma parte del Gobierno".
Finalmente, indicaron que "si finalmente la Contraloría concluye que a Pardow sí le corresponde este apoyo, lo vamos a respetar, pero en caso contrario, si es un gasto improcedente, vamos a exigir que deje sin efecto la medida".
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