Dorothy Pérez reiteró que, a través de un instructivo, todos los empleados estatales deben asistir y rendir cuentas ante las instancias investigadoras.
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La contralora general de la República, Dorothy Pérez, abordó en la comisión investigadora del caso Monsalve las solicitudes referidas al exsubsecretario. En particular, ante las dudas sobre si los empleados públicos a honorarios están obligados a comparecer ante las comisiones del Congreso.
La autoridad reiteró que, mediante un instructivo, todos los empleados estatales, independientemente de su modalidad de contrato, deben asistir y rendir cuentas ante las instancias investigadoras.
Sobre el caso del jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, destacó que este cumplió con su obligación de declarar. No obstante, aclaró que la institución no tiene competencia para calificar el contenido de sus declaraciones.
La contralora Pérez detalló también aspectos del caso centrados en los gastos reservados del exsubsecretario. Al respecto, informó que Manuel Monsalve envió un informe de gastos del primer semestre de 2024. Asimismo, la Subsecretaría del Interior indicó que aún queda plazo para rendir el informe anual. En tanto, el actual subsecretario, Luis Cordero, envió los informes hasta el 28 de octubre de 2024.
Añadió que al revisar las normativas sobre gastos reservados, la Contraloría detectó inconsistencias. Por ello, en noviembre de 2024 inició una fiscalización específica. Esta incluyó la revisión de fondos, medidas de seguridad y declaraciones de intereses y patrimonio de los responsables. El 22 y 28 de noviembre apercibió a Monsalve por no presentar su declaración de intereses general y reforzada. Finalmente, el 31 de enero se inició un proceso sancionador.
En cuanto a las investigaciones sobre responsabilidad administrativa, la contralora explicó que no puede revelar detalles debido a la ley de gastos reservados. También indicó que el informe anual debe entregarse dentro de los 60 días hábiles posteriores al cierre del año.
En relación al uso de recursos públicos con fines personales, la personera aseguró que se investiga en los ámbitos administrativo, penal y de la comisión.
La contralora también abordó si hubo falta en la aplicación de protocolos de ayuda a la víctima por parte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. En este punto, sostuvo que éste actuó conforme a sus funciones y fue la denunciante quien no aceptó utilizar el procedimiento ofrecido.
Lo mismo en el caso del Ministerio de Salud sobre la activación del protocolo de abuso sexual y violación (disponibles en la web institucional). No obstante, la cartera de Salud desconocía si fueron aplicados, ya que la identidad de la denunciante estaba bajo reserva por el Ministerio Público.
PURANOTICIA
