La sede de la región Metropolitana del INDH actuó como querellante en esta causa, que representa la primera pena efectiva contra personal de Gendarmería en virtud de la ley 20.968, que en 2016 tipificó la tortura en el Código Penal.
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El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago sentenció a 10 años de presidio efectivo a los funcionarios de Gendarmería C.F.R.S., M.A.C.M. y M.A.M.S. por el delito de torturas, cometido contra una persona privada de libertad en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur (ex Penitenciaría) en mayo de 2020.
La sede de la región Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actuó como querellante en esta causa, que representa la primera pena efectiva contra personal de Gendarmería en virtud de la ley 20.968, que en 2016 tipificó la tortura en el Código Penal.
En su fallo, los jueces dieron por acreditado que el 13 de mayo de 2020, luego de una discusión, la víctima J.R. fue llevada a un sitio sin cámaras, destinado a que los guardias tomen su colación y llamado la pecera.
En dicho lugar lo agredieron reiteradas veces y el acusado M.A.C.M., con quien había tenido la discusión previa al ataque, sacó un cuchillo corta cartones, con el cual le propinó varios cortes en los dedos de su mano izquierda, lo que condujo a que perdiera una falange del dedo anular, herida calificada como grave por el tribunal. A la víctima le fue aplicado el Protocolo de Estambul para acreditar la naturaleza de sus lesiones.
El tribunal determinó que en estos hechos registrados en la ex Penitenciaría de Santiago “los acusados, abusando de sus facultades y actuando con superioridad numérica y de medios”, agredieron a la víctima y le lanzaron primero gas pimienta y luego “aumentaron la indefensión de la víctima (…), toda vez que lo llevaron a un lugar aislado y sin cámaras, para agredirlo gravemente por espacio de quince minutos”. La mano que resultó con heridas es la mano dominante de la persona privada de libertad, según fue acreditado.
“Al estar nuestro país inmerso en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, es que corresponde tener presente los criterios interpretativos existentes en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para esclarecer o ponderar de manera más integral de qué manera o bajo qué circunstancias se habrá de valorar a un determinado acto como uno de tortura”, sostuvo el tribunal.
“Nos encontramos frente a una actuación dolosa y concertada, que causó daños permanentes y graves en la víctima, realizada con un propósito particular”, se indicó en el fallo.
CASO COMPLEJO
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte logró acreditar la participación de los tres acusados como autores directos de los ilícitos indicados y el tribunal valoró como suficiente la prueba presentada en juicio por el fiscal Marcelo Leiva, quien fue acompañado por querellantes del INDH.
De acuerdo a lo que expuso el fiscal Marcelo Leiva, este caso fue de compleja investigación, ya que los tres funcionarios de Gendarmería acusados fueron los únicos testigos presenciales de los hechos en que participaron y para ocultarlo y justificar la amputación de parte de los dedos de la víctima, elaboraron una versión alternativa que indicaba que la víctima los había intentado agredir con un tubo de PVC y que al forcejear con éste, ella misma se había autolesionado.
Esta versión fue incorporada en un parte denuncia formal, el que fue enviado con varias semanas de demora a la fiscalía. Considerando ello, detalló el persecutor, no fue posible recuperar las imágenes de videograbaciones de los distintos lugares donde ocurrieron los hechos, ni tampoco poder contar con el tubo de PVC indicado, para realizar pericias en el mismo.
No obstante, la Fiscalía Centro Norte pudo contar con la declaración de la víctima y de otros internos, quienes pese a estar privados de libertad y bajo la custodia de Gendarmería, lograron transmitir a familiares de la víctima lo sucedido, lo que permitió que mediante la injerencia tanto de la Defensoría Penal Pública Penitenciaria, como del INDH, se pudieran recopilar diversos antecedentes probatorios, que en definitiva lograron acreditar los hechos por los cuales se acusó a estos miembros de Gendarmería de Chile.
El fiscal Leiva también destacó el apoyo otorgado tanto por el Servicio Médico Legal como por el Colegio Médico, quienes pusieron a su disposición especialistas tanto en Medicina Forense como Psiquiátrica, quienes declararon en detalle las pericias efectuadas bajo los protocolos internacionales para este tipo de hechos, lo que permitió que los jueces pudieran llegar al convencimiento respecto a la forma de ocurrencia de los hechos.
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