Se entregará con carga fiscal y será equivalente al 10% de la renta, mientras que el dinero se le descontará al afiliado a partir de 2023 con descuentos mensuales que no podrán ser superiores al 5%.
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Sigue la discusión en la Comisión Mixta que tramita el proyecto de cuarto retiro a los fondos previsionales. Aunque en un principio parecía que la mesa no iba sesionar, finalmente terminó instalándose tras llegar a un acuerdo con el Senado y empezó a funcionar cerca de las 17:00 horas.
Y la instancia ha realizado una sesión clave, ya que se pronunció respecto al controversial segundo retiro para los afiliados a las rentas vitalicias que viene incluido en la iniciativa.
El punto ha generado críticas e incluso acciones legales desde las empresas aseguradoras, que acusan una expropiación y una vulneración a los tratados internacionales. Asimismo, es la principal discrepancia entre la Cámara Baja y la Cámara Alta, proviniendo desde esta última los principales reparos.
Con dicho antecedente, el senador Rodrigo Galilea (RN) presentó una moción para eliminar el injerto que permite el retiro a este tipo de afiliados. La propuesta fue rechazada con 7 votos en contra y sólo 3 a favor.
Posteriormente, la comisión definió el mecanismo para entregar este tipo de anticipos y evitar los problemas con las compañías. Se entregará con carga fiscal y será equivalente al 10% de la renta, mientras que el dinero se le descontará al afiliado a partir de 2023 con descuentos mensuales que no podrán ser superiores al 5%.
Dicho mecanismo fue del diputado Marcelo Diaz (Unir), quien explicó que se "replica la propuesta que hizo el Ejecutivo en el segundo retiro, el Ejecutivo anticipa recursos. (...) El único rol que juegan las aseguradoras en esta propuesta es que deben hacer la retención del 5% para entregárselo al Fisco como pago del anticipo que le hiciera el Estado a los jubilados de rentas vitalicias”.
La idea fue criticada por los representantes del oficialismo en la mesa, que apuntaron a que es atribución exclusiva del Presidente impulsar medidas de gasto público. Sin embargo, desde la oposición replicaron que se trata de una reforma transitoria, por lo que si estarían autorizados.
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