La propuesta del Ejecutivo busca realizar tres modificaciones a la implementación de esta ley, aprobada en noviembre de 2025.
La Comisión de Constitución del Senado rechazó la idea de legislar el proyecto que reprograma la implementación del Servicio de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas.
La iniciativa obtuvo los votos en contra de Claudia Pascual, Paulina Vodanovic y Vlado Mirosevic (presidente) y a favor de Arturo Squella y Andrés Longton.
La iniciativa propuesta por el Ejecutivo busca hacer una reprogramación del proceso de instalación retrasando el inicio y apurando la segunda etapa, dejando dos etapas de instalación en lugar de tres.
De este modo, se plantea que la primera etapa entre en operaciones el 1 de enero de 2028 en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama, de Coquimbo y de Valparaíso; mientras que la segunda y tercera etapa estén en operaciones a partir del 1 de enero de 2029 en las regiones de Metropolitana, de O’Higgins, del Maule, de Ñuble, del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos, de Aysén y de Magallanes.
También se propone el traspaso directo del Programa de Atención a Víctimas desde la Subsecretaría de Prevención del Delito directamente al nuevo servicio y se elimina el paso intermedio por la Subsecretaría de Justicia.
Finalmente se plantea que los directores regionales deban constituirse con un mes de antelación y no con seis meses de antelación, para evitar remunerar estructuras regionales antes de que operen.
Durante la sesión el Ejecutivo, encabezado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, explicó los motivos de este aplazamiento, argumentando que ello permitirá entregar mayor eficiencia al proceso de implementación del Servicio. No obstante, quienes votaron en contra de la iniciativa cuestionaron que aún no se haya ingresado el reglamento respectivo y argumentaron que es posible hacer un trabajo adicional en materia de adelantar los plazos.
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