Comisión de Seguridad de la Cámara aprueba Registro de Vándalos en tensa sesión por exclusión del subsecretario Pavez

La comisión de Seguridad de la Cámara aprobó en general este lunes el proyecto que crea el Registro Nacional de Vándalos, en una sesión marcada por el impedimento de ingreso del subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

La diputada Tatiana Urrutia (FA) no dio la unanimidad requerida para el ingreso de la autoridad, argumentando la ausencia de los ministros Claudio Alvarado y Martín Arrau, quienes estaban invitados a la instancia.

La iniciativa fue respaldada por siete votos a favor, cinco en contra y una abstención, pese a las diferencias que generó su discusión entre los integrantes de la comisión.

Pavez había llegado hasta el Congreso para participar de la discusión en representación del Ejecutivo. Sin embargo, debió permanecer fuera de la sala luego de que Urrutia se opusiera a autorizar su ingreso.

La parlamentaria cuestionó que el Gobierno impulsara la iniciativa con suma urgencia sin la presencia de los ministros de Interior y Seguridad, quienes se habían excusado de asistir por problemas de agenda. A su juicio, su ausencia dificultaba una discusión adecuada del proyecto.

Desde el oficialismo, en tanto, cuestionaron la decisión. El diputado Enrique Bassaletti (ind.-Rep.) sostuvo que resultaba contradictorio hablar de falta de diálogo mientras se impedía participar al subsecretario encargado de abordar técnicamente la propuesta.

“Siempre dimos la unanimidad para que vinieran o dimos el consentimiento los que quisieran, pero la persona que tiene el conocimiento técnico sobre la materia es el subsecretario y no lo escuchamos”, afirmó.

CONTENIDO DEL PROYECTO

El texto presentado por el Ejecutivo distingue entre actos vandálicos e incivilidades. En el primer caso, se encuentran delitos contra la autoridad y bienes públicos, contra profesionales de la salud o educación y contra las cosas. Quienes los cometan, permanecerán en el Registro de actos Vandálicos por cinco años o dos, si se trata de menores de edad.

En cuanto a las incivilidades, estas se clasifican entre faltas analizadas por los juzgados de policía local y las de competencia de los juzgados de garantía.

Como ejemplos del primer caso están el depósito de escombros o el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos.

En el segundo, la realización de loterías no autorizadas o el consumo de drogas en la vía pública, entre otros. En todos estos casos la permanencia en el registro será de un año.

De este modo, las personas condenadas e ingresadas al citado registro no podrán acceder a:

- Subsidios habitacionales y de arriendo.

- Becas de educación superior, postgrado y fondos concursables (cultura, ciencia).

- Licencia de conducir y pasaporte.

- Beneficios tarifarios de transporte público.

- Pérdida de pensiones de gracia.

Adicionalmente, se plantea la posibilidad de retener la devolución de impuestos por multas impagas y la aplicación de la prohibición de ingreso a espectáculos masivos, partidos de fútbol profesional y casinos de juego.

Otro punto considerado en la iniciativa es establecer un régimen agravado para quienes cometan incendios graves, ataques a autoridades, usurpación de inmuebles fiscales o educacionales, uso de explosivos, tráfico de drogas y comercio ilegal organizado. En estos casos, las personas que ingresen al registro tampoco podrían acceder a la gratuidad en educación superior ni a la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Por último, el proyecto plantea mayores plazos de permanencia en el Registro de Actos Vandálicos en caso de reincidencia.

El proyecto continuará ahora su tramitación en la Comisión de Seguridad. El plazo para presentar indicaciones quedó fijado hasta el viernes 21 de agosto, a las 12.00 horas, período durante el cual el Ejecutivo podrá introducir modificaciones al texto.

PURANOTICIA