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Comisión de Gobierno Interior de la Cámara despachó a Sala el proyecto que busca perfeccionar las expulsiones administrativas

Comisión de Gobierno Interior de la Cámara despachó a Sala el proyecto que busca perfeccionar las expulsiones administrativas

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El presidente de la Comisión, el diputado independiente Rubén Oyarzo, resaltó que la iniciativa “permite que las policías ingresen a recintos donde existan personas con orden de expulsión administrativa”, sin orden judicial.

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Miércoles 27 de noviembre de 2024 23:34
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La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados despachó a Sala el proyecto de ley que busca perfeccionar las expulsiones administrativas otorgando mayores y nuevas facultades a la Subsecretaría del Interior y a las policías, además de extender los plazos de prohibición de ingreso al país.

El presidente de la Comisión, el diputado independiente Rubén Oyarzo, destacó que “esta ley fue ampliamente votada por gran mayoría en la Comisión de Gobierno Interior y quedó despachada a Sala”.

En esta línea, resaltó que la iniciativa “permite que las policías ingresen a recintos donde existan personas con orden de expulsión administrativa”, sin orden judicial.

Además, comentó que con este proyecto “se fijan plazos de prohibición de ingreso de 5 a 10 años, y de 25 en casos de delitos que atentan contra la seguridad del Estado”.

Oyarzo sostuvo que la iniciativa “perfecciona el procedimiento de expulsión, velando además por el respeto al debido proceso” y que se trata de “una ley muy importante, seguimos dándole prioridad al tema de la migración ilegal, a poder facultar al subsecretario que aumente las expulsiones”.

Por otro lado, la norma establece que la expulsión administrativa se hace aplicable ante faltas al orden público. Pudiendo disponer también de la posibilidad de expulsión inmediata de alguien que comete un delito, estableciendo un procedimiento para que el Ministerio Público señale si aquello afecta o no a procesos o investigaciones en curso.

El diputado enfatizó la importancia de esta ley indicando que “tenemos 30 mil extranjeros con expulsiones administrativas y solamente a la fecha se han expulsado poco más de 500”.

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