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Chile Vamos pide al Presidente Boric evaluar la continuidad de Leitao tras auditoría que reveló millonario déficit en Peñalolén

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Las bancadas de diputados de Chile Vamos remitieron una carta al Mandatario manifestando su “profunda preocupación” por la situación de la subsecretaria de Prevención del Delito, a partir de los hallazgos contenidos en la auditoría externa solicitada por el actual alcalde de Peñalolén, Miguel Concha

Chile Vamos pide al Presidente Boric evaluar la continuidad de Leitao tras auditoría que reveló millonario déficit en Peñalolén
Martes 2 de diciembre de 2025 13:45
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Las bancadas de diputados de Chile Vamos, encabezadas por Frank Sauerbaum, (RN) y Henry Leal (UDI) — remitieron una carta al Presidente Gabriel Boric manifestando su “profunda preocupación respecto de la situación de la Subsecretaria de Prevención del Delito, señora Carolina Leitao”, a partir de los hallazgos contenidos en la auditoría externa solicitada por el actual alcalde de Peñalolén, Miguel Concha.

El informe municipal, señalan los parlamentarios, “ha revelado cifras y hechos que —de confirmarse— resultan incompatibles con los estándares elementales de probidad”, constatando “un déficit superior a dieciséis mil trescientos millones de pesos” durante la administración de Leitao. Todo ello, según la propia auditoría, se sustenta en antecedentes técnicos, verificables y originados por una consultora externa contratada por el municipio.

Los diputados subrayan que las denuncias no provienen de adversarios políticos, sino “del propio jefe comunal sucesor, perteneciente a la coalición oficialista”, lo que —afirman— otorga mayor verosimilitud a lo expuesto. En ese contexto, advierten que la Subsecretaría de Prevención del Delito no puede estar dirigida por una autoridad bajo cuestionamientos por manejo de recursos públicos, pues ello “erosiona la confianza ciudadana y proyecta señales equivocadas” en un área que requiere total dedicación.

En esa línea, el jefe de bancada RN, Frank Sauerbaum, afirmó que “el combate al delito, que es la principal preocupación de los chilenos, no puede ser dejado en manos de una funcionaria cuya integridad fue cuestionada por sus propios aliados y que no está concentrada 100% en sus labores porque debe defenderse de las acusaciones en su contra”.

Agregó que “Carolina Leitao debe dar un paso al costado hasta aclarar su situación y extraña que el Presidente Boric la sostenga en el cargo, porque ello colisiona con los estándares que el propio Jefe de Estado ha establecido con anterioridad” y que, a su juicio, “parece que el criterio Tohá y otros estándares autoimpuestos que van más allá de la presunción de inocencia, para los funcionarios de su confianza no se aplican".

Por otra parte, el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, agregó: “Estamos hablando de la subsecretaria de Prevención del Delito, que siendo alcaldesa se ha generado un déficit millonario, y nadie dice nada, llama la atención. Queremos saber dónde está la plata, qué se hicieron estos miles de millones de pesos. Y llama profundamente la atención que en este caso nadie dice nada, pues, nadie dice nada. El CDE fue muy activo para actuar en casos que son idénticos, el Ministerio Público de oficio abría investigaciones”.

Precisó que “ha sido un alcalde que es del propio signo político que denuncia este hecho, y nadie dice nada, entonces queremos igualdad ante la ley, que este caso se investigue con el mismo celo que se hizo, por ejemplo, en Maipú”. Y llamó al CDE a hacerse parte de la causa.

El oficio también recuerda que el propio municipio ha anunciado acciones legales por el perjuicio patrimonial detectado, situación que —dicen— no puede ser ignorada por el Ejecutivo cuando involucra a una representante directa del Gobierno en materia de seguridad pública.

Finalmente, los parlamentarios solicitaron al Presidente “evaluar la continuidad en el cargo” de Carolina Leitao mientras persistan los cuestionamientos, subrayando que esta solicitud “no busca sustituir a los órganos jurisdiccionales”, sino “preservar la dignidad de la función pública” y asegurar que la autoridad encargada de combatir el crimen organizado cuente con total legitimidad y dedicación.

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