La empresa acudió al TDLC acusando que los subsidios al sistema RED generan una competencia desigual en el transporte hacia el aeropuerto, pero el tribunal rechazó suspender la licitación y pidió antecedentes a autoridades.
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La empresa Centropuerto, encargada de operar los buses de acercamiento hacia el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, presentó una consulta no contenciosa ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), donde cuestiona las bases de licitación del servicio de transporte de pasajeros hacia el terminal aéreo.
Según consignó La Tercera, la compañía denunció la existencia de “asimetrías estructurales de gran magnitud y arbitrariedad que infringen los estándares de libre competencia”, esto a raíz de que las bases del proceso licitatorio iniciado en septiembre de 2025 por la Sociedad Concesionaria Nueva Pudahuel (SCNP) permitieron la participación del Sistema de Buses RED.
Centropuerto sostuvo que “los operadores del Sistema RED reciben subsidios estatales que les permiten ofrecer tarifas por debajo del costo real del servicio”, lo que generaría una competencia desigual en el mercado del transporte hacia el aeropuerto.
La empresa solicitó la suspensión del “Proceso Licitatorio 2025 sobre el Servicio de Transporte Público mediante Buses del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”.
Y pidió que se ordenara su paralización, argumentando que existirían antecedentes que constituyen una presunción grave del derecho reclamado y que la medida cautelar resultaría necesaria para evitar una afectación a la competencia y resguardar el interés común.
Sin embargo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia desestimó la solicitud. “No ha lugar a la medida cautelar y a la petición subsidiaria solicitada, por cuanto no se han invocado antecedentes suficientes que justifiquen su necesidad para impedir una afectación de la competencia o para resguardar el interés común”, indicaron.
El tribunal argumentó que los antecedentes presentados “no tienen mérito suficiente para presumir, en esta instancia, efectos negativos que justifiquen la intervención requerida”.
En su resolución, el tribunal ofició al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel para que en un plazo de 20 días hábiles entreguen antecedentes sobre la consulta iniciada por Centropuerto.
PURANOTICIA
