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Cámara de Diputados define comisiones encargadas de la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional

Cámara de Diputados define comisiones encargadas de la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional

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Este miércoles ingresó al Congreso el proyecto de ley, el cual fue presentado con suma urgencia, por lo que cuenta con un plazo de 15 días de tramitación en cada Cámara.

Cámara de Diputados define comisiones encargadas de la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional
Miércoles 22 de abril de 2026 17:42
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El proyecto de Reconstrucción Nacional ingresó a la Cámara de Diputados con carácter de suma urgencia, lo que obliga a despacharlo en un plazo máximo de 15 días. La decisión vino acompañada de la definición inmediata de las comisiones que conducirán su trámite.

El diseño de la ruta legislativa que dictará el progreso de la normativa se gestó durante un encuentro de comités. En dicha cita, celebrada de manera previa al arribo del documento a la sala, la mesa directiva y los distintos jefes de bancada consensuaron los pasos a seguir.

Según lo pactado por las autoridades de la Cámara Baja, el eje central del análisis recaerá sobre la comisión de Hacienda. Paralelamente, se determinó que la comisión respectiva evaluará los temas medioambientales, en tanto que dos artículos puntuales fueron enviados directamente a la comisión de Trabajo.

Respecto a la operatividad de este esquema, el secretario general de la Corporación, Miguel Landeros, detalló la mecánica de trabajo. El funcionario precisó que “una vez que el proyecto sea despachado por la comisión de Hacienda, las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo podrán sesionar de manera simultánea para continuar su tramitación”.

CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS DERIVADOS

Uno de los artículos introduce cambios en el sistema de capacitación laboral, modificando las normas de los cursos financiados con franquicia tributaria. Se incorporan nuevas obligaciones para las empresas y ajustes en las funciones del Sence.

Por su parte, la segunda disposición aborda la utilización de licencias médicas dentro del sector público. El articulado establece la falsificación o uso malicioso de estas como una causal relevante, advirtiendo que incurrir en estas prácticas podría derivar en sanciones como la destitución.

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