Aprobado por 81 votos a favor y 3 abstenciones, el documento establece graves deficiencias estructurales en el sistema de transferencias públicas, detectando posibles delitos como fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible, además de prácticas sistemáticas que comprometen gravemente la probidad en la administración de recursos públicos.
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La Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe final de la Comisión Especial Investigadora sobre los millonarios convenios suscritos entre el Estado y la fundación ProCultura desde 2019 a la fecha.
Aprobado por 81 votos a favor y 3 abstenciones, el documento establece graves deficiencias estructurales en el sistema de transferencias públicas, detectando posibles delitos como fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible, además de prácticas sistemáticas que comprometen gravemente la probidad en la administración de recursos públicos.
La instancia, presidida por el diputado Andrés Longton, recogió durante meses numerosos antecedentes aportados por autoridades, expertos y organismos fiscalizadores, como la Contraloría General de la República.
En el informe se señala que se detectaron sobreprecios y gastos irregulares en proyectos financiados con fondos públicos; debilidad institucional para controlar y fiscalizar; una “intrincada red de empresas” tras ProCultura; convenios express como “modus operandi”; la insuficiente evaluación institucional que favoreció a la citada fundación; las relaciones tras las asignaciones a ProCultura que devinieron en conflictos de interés; vacíos procedimentales que habrían permitido la entrega irregular de recursos públicos; la opacidad tras las transferencias a ProCultura; y, omisiones de inhabilidad y vínculos no declarados entre gobernadores y la fundación.
En este contexto, se le asigna especial responsabilidad en los hechos investigados en el marco del caso ProCulturay a los gobiernos regionales involucrados. En este caso, hace especial hincapié en el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.
Sobre la autoridad, el informe señala que Orrego tiene especial responsabilidad desde el punto de vista político, ya que la transferencia directa a ProCultura de más $ 1.500 millones para el programa “Quédate” se realizó “de forma acelerada y sin el debido respaldo técnico-administrativo” y “en un contexto de conocidos vínculos personales y profesionales previos con Alberto Larraín”, situación que “debió haber motivado la declaración inmediata de inhabilidad administrativa”, lo que según la documentación revisada -dice el texto- no habría ocurrido.
No obstante, también responsabiliza al exsubsecretario de Desarrollo Regional y exjefe de asesores del segundo piso de La Moneda Miguel Crispi; y al Ministerio de Vivienda.
A partir del resultado de la investigación, la comisión investigadora, cuyo informe fue aprobado por mayoría, hace una larga lista de propuestas legislativas, algunas en trámite; como también mayores recursos y facultades fiscalizadora para la Contraloría. Ello no descarta que se asuman responsabilidades penales por parte de quienes corresponda, en el marco de la investigación judicial que está en proceso.
PURANOTICIA
