La propuesta, enviada a segundo trámite, también ordena al Ejecutivo al envío de un proyecto de ley destinado a crear un servicio especializado en la reinserción social.
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La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que busca incorporar a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
La iniciativa fue aprobada en general y en particular, quedando despachada al Senado para su segundo trámite constitucional.
La reforma reconoce el rol estratégico que cumple la institución en la seguridad pública. De esta forma, así como a Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI), se le entrega un rol de garantizar el orden público. Además, pasa a depender del Ministerio de Seguridad Pública.
Asimismo, establece que la incorporación a las plantas y dotaciones solo se podrá hacer a través de sus propias escuelas, con excepción de los escalafones profesionales y de empleados civiles que determine la ley.
Además, especifica que los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales se efectuarán por decreto supremo.
Reinserción social y las asociaciones funcionarias de Gendarmería
El proyecto, adicionalmente, ordena al Presidente de la República a que, dentro del plazo de doce meses, contados desde la publicación de la reforma, envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que cree un servicio especializado en la reinserción social.
Dentro del mismo plazo, se enviaría una o más propuestas para adecuar a esta enmienda a la Constitución la Ley 21.730, que creó el Ministerio de Seguridad Pública, y la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile.
Mientras no se cree este servicio especializado, Gendarmería continuará encargada de la reinserción social. Para ello se atenderán las políticas, planes y programas que formule el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
También, se considerará lo dispuesto en la Política Nacional de Seguridad Pública y la necesaria coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública para su ejecución.
Paralelamente, se indica que las asociaciones de funcionarios de Gendarmería quedarán disueltas.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, defendió que esta reforma establece el marco adecuado para enfrentar al crimen organizado.
El secretario de Estado relevó que se separan las labores de custodia y seguridad penitenciaria de la reinserción, al tiempo que aseguró que, bajo ninguna circunstancia, se va a privatizar la institución.
También, afirmó que no habrá ningún desmedro en las remuneraciones de las y los funcionarios ni en otros beneficios económicos. “Se alinean su estatuto jurídico con funciones que ya ejerce”, agregó.
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