La más reciente edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem reveló un masivo respaldo a endurecer las sanciones en los establecimientos educacionales.
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La más reciente edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem muestra estabilidad en la evaluación del Ejecutivo. Un 41% aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast, mientras que un 54% la desaprueba, sin variaciones significativas respecto a la medición anterior.
El sondeo, correspondiente a la segunda semana de abril, también abordó la percepción ciudadana sobre la violencia en los establecimientos educacionales y el plan “Escuelas Protegidas” impulsado por el Ejecutivo.
Según los datos arrojados por la medición, la iniciativa cuenta con la aprobación del 70% de los encuestados. En paralelo, una amplia mayoría del 75% se mostró a favor de quitar el acceso a la gratuidad a aquellos alumnos que participen en episodios de violencia.
El respaldo ciudadano se hace aún más evidente frente a políticas de mayor dureza al interior de los establecimientos. Un 88% de la muestra avala la instalación de cámaras de vigilancia, así como la sanción o expulsión de los escolares involucrados en actos violentos. Adicionalmente, el uso de detectores de metales es respaldado por un 79%, la revisión de mochilas alcanza un 77% de apoyo y la instalación de sistemas de reconocimiento facial en las entradas logra un 74%.
Bajo este mismo contexto, la protección se posiciona como una urgencia indiscutible para los chilenos: un 91% de las personas considera que resguardar a los estudiantes es más importante que proteger la privacidad.
A pesar de este contundente apoyo a las restricciones, las proyecciones sobre sus resultados son cautelosas. Apenas un 38% confía en que el plan será muy efectivo para mitigar los conflictos escolares. Por otro lado, un 32% prevé que la estrategia será algo efectiva, mientras que un 24% augura que su impacto será nulo o escaso.
Al analizar el origen de estos incidentes, un 41% de los consultados responsabiliza a todos los actores de la comunidad escolar, frente a un 31% que apunta principalmente al rol de las familias y apoderados. En esta misma línea, un 56% afirma que existen apoderados que justifican el actuar violento, y un 42% percibe que hay profesores que incentivan o colaboran con los desórdenes.
El panorama general sobre el sistema de enseñanza mantiene una visión negativa. Un 73% de los encuestados cataloga como mala o muy mala la calidad de la educación en Chile. Sin embargo, al desglosar por dependencia, los colegios privados logran una evaluación positiva que alcanza el 81%.
Sobre las urgencias que debería atender el Ejecutivo en esta área, un 41% señala que la prioridad gubernamental debe centrarse en acortar la brecha de desigualdad existente entre los recintos públicos, subvencionados y privados.
La medición semanal también dedicó un apartado al Crédito con Aval del Estado (CAE). En este ítem, un 80% se mostró a favor de exigir el cobro judicial de la deuda a quienes registren ingresos mensuales por sobre los 5 millones de pesos. En contraste, un 75% apoya la idea de otorgar convenios de pago a los deudores que perciban rentas inferiores a ese monto.
PURANOTICIA
