La iniciativa, impulsada por la mesa de la Cámara Alta, superó su primer trámite de forma unánime. Ahora pasará a la Comisión de Constitución para su discusión en particular.
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De manera unánime, la Sala del Senado aprobó la idea de legislar del proyecto que modifica el reglamento de la corporación para establecer controles aleatorios de drogas a senadoras y senadores.
El texto fue presentado originalmente por la actual Mesa del Senado, la cual está conformada por su presidenta, Paulina Núñez, y el vicepresidente de la instancia, Iván Moreira.
Tras este avance, la propuesta deberá ser estudiada en particular por la Comisión de Constitución. Para dicha etapa, se fijó como plazo el lunes 18 de mayo con el fin de presentar indicaciones.
A lo largo del debate parlamentario, existió una opinión unánime sobre la necesidad de avanzar en esta normativa frente a la expansión del tráfico de estupefacientes. Los legisladores justificaron la medida argumentando que "las autoridades que ejercemos funciones públicas no podemos tener doble estándar en la lucha contra el narcotráfico".
Asimismo, recalcaron que es fundamental que quienes "toman las decisiones estén con sus facultades intactas", por lo que ante el avance del narcotráfico resulta imperativo que los representantes "no queden al margen" y se sometan a este tipo de exámenes.
Durante las intervenciones en la Sala, se enfatizó el rol ejemplificador del Congreso. "Si estamos legislando para combatir el crimen organizado, tenemos que ser los primeros en someternos a esos exámenes", se argumentó en el hemiciclo. En la misma línea, otro de los puntos esgrimidos apuntó a la imagen proyectada hacia la ciudadanía, señalando que "lo que estamos haciendo tiene vital importancia porque somos referentes públicos y no puede haber dudas respecto de nuestro comportamiento".
Además de advertir la urgencia de establecer "un cortafuego" que separe al narcotráfico de los distintos poderes del Estado, los congresistas debatieron los desafíos de la próxima etapa legislativa. Se remarcó la necesidad de analizar detalladamente una serie de aspectos durante la discusión en particular para permitir que la norma sea aplicable, exigiendo "que sea un proceso realmente serio” donde todas las variables queden resueltas.
En ese contexto, se planteó la necesidad de precisar con exactitud ciertos elementos logísticos y legales. Entre ellos, se mencionó definir quién selecciona el laboratorio a cargo de los exámenes y quiénes custodian la muestra. Igualmente, se exigió velar porque el procedimiento esté de acuerdo con la ley de derechos y deberes de los pacientes y con la ley de protección de datos personales, entre otros temas. Al respecto, se indicó en el debate: "Estamos hablando de información médica y sensible y la forma en que se está planteando parece poco prolija".
En tal sentido, se propuso buscar una manera en que la operatividad del proceso resguarde de forma estricta la confidencialidad y la custodia de la toma de muestras.
PURANOTICIA
