Temístocles Ortega estaría implicado en "posibles irregularidades en la contratación de las obras de ampliación de un aeropuerto", y se le imputaría el delito de "contrato sin cumplimiento de requisitos legales" cuando era gobernador del departamento del Cauca, entre 2012 y 2015.
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Temístocles Ortega, embajador colombiano en Chile, fue acusado por la Fiscalía de su país por "posibles irregularidades en la contratación de las obras de ampliación de un aeropuerto", todo esto cuando era gobernador del departamento del Cauca, entre 2012 y 2015.
En detalle, el exsenador "estaría involucrado en posibles anomalías en el trámite y celebración del contrato N°1040 del 25 de agosto de 2014, suscrito con la Fundación EDICOL por un valor cercano a los 2.600 millones de pesos (unos 545.136 dólares de hoy), y cuyo objeto era la ampliación en 200 metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto municipal de López de Micay".
"El proyecto se habría sustentado con estudios de suelos falsos, no contaba con los permisos de construcción de ley ni cumplía la reglamentación de la Aeronáutica Civil, entre otras posibles inconsistencias", relata el comunicado del Ministerio Público colombiano.
Asimismo, se señaló que Ortega "como ordenador del gasto y representante del departamento, desatendió de manera libre, consciente y voluntaria los principios de economía y responsabilidad propios de la contratación estatal".
En vista de lo anterior, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ya había llamado a Ortega a indagatoria, lo que ocurrió el 6 de julio pasado, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento privado y peculado por apropiación, considerando que era senador en ese entonces.
"Luego de terminar el periodo en el Congreso, el expediente pasó a la Fiscalía. En ese sentido, se realizó la actividad investigativa y los análisis de los elementos recaudados y se encontró mérito suficiente para acusar al ex gobernador por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales", sumó el documento.
La Fiscalía colombiana solicitará " la preclusión de las conductas de falsedad en documento privado y peculado por apropiación".
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