La iniciativa, que ahora queda en manos del presidente Lula da Silva, permitiría rebajas significativas de condena a los implicados en la trama golpista y ha generado una fuerte controversia política ante el temor de que también beneficie a otros delitos violentos.
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El Senado de Brasil aprobó el proyecto de ley que reduce las penas de los condenados por su participación en el intento de golpe de Estado liderado por el expresidente Jair Bolsonaro, que ya ha comenzado a cumplir su pena de más de 27 años de cárcel.
Tras su aprobación en ambas cámaras, la propuesta pende de la sanción por parte del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, objetivo del golpe de estado, de quien se espera que vete la ley, según medios como el grupo Globo o el diario 'Folha'.
Por 48 votos a favor, 25 en contra y una abstención, la Cámara Alta brasileña respaldó el conocido como proyecto de ley de dosimetría, en alusión al principio de proporcionalidad penal. La norma facilitaría que los condenados cumplieran, por norma general, con poco más del 16 por ciento de la condena, según ha recogido la propia agencia del Senado.
Asimismo, en determinadas circunstancias, los reos completarían entre el 20 y el 70 por ciento de sus penas en función de su encaje en alguno de los diez casos esbozados, que incluyen la pertenencia a organización criminal, la reincidencia o la comisión por primera vez de delitos como el feminicidio.
La llegada del texto al Senado tras su aprobación en la Cámara de Diputados levantó dudas a ambos lados del espectro político por la posibilidad de que la ley beneficiase a los condenados por delitos violentos no enmarcados en el intento de golpe de Estado, un temor reconocido por el relator del proyecto en la Cámara, Esperidiao Amin -de la formación derechista Progresistas-, quien señaló que era necesario introducir un cambio.
En este contexto, Amin ha aceptado una modificación para limitar el impacto de las reducciones a los implicados en la citada trama, pero lo ha tratado como una enmienda de redacción y no de fondo, lo que habría devuelto el texto a la Cámara de Diputados.
De este modo, el responsable de la propuesta en el Senado ha defendido la norma argumentando que busca "corregir distorsiones" por una mano judicial "demasiado severa".
Amin ha afirmado que el proyecto es el primer paso hacia una futura amnistía, pero ha defendido que "la narrativa de que se trata de un 'amplio blindaje' o cualquier otra expresión similar no es cierta".
PURANOTICIA
