Ambas cámaras del Parlamento superaron el quórum necesario para restituir la iniciativa que beneficia a los condenados por la trama golpista, incluyendo al exmandatario ultraderechista.
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Una normativa que disminuye los castigos para los implicados en la intentona golpista encabezada por el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro —quien hoy purga una condena superior a los 27 años de presidio— volverá a tener vigencia luego de que el Congreso de Brasil decidiera dejar sin efecto el veto impuesto por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La anulación de la prerrogativa presidencial se consiguió con holgura en ambas salas, de acuerdo a los datos consignados por la agencia Brasil. Por un lado, el Senado aportó 49 sufragios a favor y 24 rechazos, sobrepasando fácilmente el piso de 41 requeridos. En tanto, la Cámara de Diputados replicó la tendencia con una diferencia aún más amplia: logró 318 respaldos contra apenas 144 negativas, superando con creces la barrera de los 257 votos exigidos.
En su articulado, la iniciativa legal determina que las sanciones correspondientes a los ilícitos de abolición violenta del Estado de derecho democrático y golpe de Estado no deben aplicarse de forma acumulativa cuando se cometan en el mismo contexto. Asimismo, el documento estipula una rebaja de condena que oscila entre uno y dos tercios para quienes participen grupalmente en delitos de intento de golpe de Estado o abolición, con la condición de que el autor no haya ejercido un rol de liderazgo ni financiado el acto.
Este marco regulatorio favorecerá directamente a los sentenciados por la conspiración contra el actual jefe de Estado, Lula da Silva. Dentro de esta lista figuran nombres de alto perfil, partiendo por el propio expresidente Jair Bolsonaro. A él se suman el exministro de la Casa Civil, Walter Braga Netto; el excomandante de la Armada, Almir Garnier; el exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), Augusto Heleno; y el exministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira.
Para el actual gobernante, la resolución parlamentaria representa un duro revés político. Lula da Silva había frenado esta medida el 8 de enero de este año, argumentando en su momento que su promulgación "incrementaría la incidencia de delitos contra el orden democrático e indicaría un retroceso en el proceso histórico de redemocratización que dio origen a la Nueva República"
.
Durante esa misma jornada, el mandatario brasileño aseveró que "El 8 de enero está marcado en la historia como el día de la victoria de nuestra democracia"
. Además, declaró dicha fecha como "una victoria sobre quienes intentaron tomar el poder por la fuerza, haciendo caso omiso de la voluntad popular expresada en las urnas"
.
Las declaraciones del presidente se enmarcaron en el tercer aniversario del asalto a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia. Aquel episodio fue el culmen de una trama que pretendía impedir la transición de poder al propio Lula tras su victoria electoral, además de contemplar, entre otros planes, la detención de figuras destacadas del poder judicial como el magistrado del Supremo Alexandre de Moraes.
PURANOTICIA
