La idea de sumar el Tren de Aragua y la MS13 al inventario es más reciente, pero en el caso de los carteles lleva años sobre la mesa, a pesar de que —a falta de un objetivo político o ideológico y con el lucro como fin último— no encajen en la descripción tradicional de grupos terroristas.
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"Esta es una grande. Hace años que la gente lo pide", dijo este lunes Donald Trump al recibir una de las carpetas del centenar de órdenes ejecutivas que se había dispuesto firmar en su primer día como presidente de Estados Unidos.
"México probablemente no lo quiera, pero lo tenemos que hacer", agregó.
Sentado en su escritorio del Despacho Oval, repasó brevemente el texto y estampó su rúbrica con un grueso marcador negro. Y con ese gesto, puso en marcha el complejo proceso para designar a los carteles mexicanos del narcotráfico "organizaciones terroristas extranjeras".
"Las actividades de los carteles amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de EE.UU. y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental", se lee en la decisión presidencial, ya publicada en la página web de la Casa Blanca.
Por considerar que "representan una amenaza similar", se solicita la misma denominación para el Tren de Aragua, una banda surgida en una cárcel de Venezuela y con presencia en otros países de América Latina, y para la Mara Salvatrucha o MS-13, la pandilla nacida en las calles de Los Ángeles en la década de los 80 y que adquirió otra dimensión cuando muchos de sus miembros fueron deportados a El Salvador.
¿Pero qué implica la decisión? ¿Es realmente una medida relevante a la hora de combatirlas? ¿Y por qué México se opone?
Una ley de 1996 le posibilitó a EE.UU. crear una lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y establecer mecanismos de persecución y sanciones específicas para las entidades incluidas en ella.
La gestiona el Departamento de Estado, y hoy por hoy la integran 75 grupos y personas físicas, que van desde las yihadistas Al Qaeda y Estado Islámico, pasando por la palestina Hamás, hasta las FARC y el ELN en Colombia y Sendero Luminoso en Perú.
Para ser designadas como tales, las entidades deben cumplir tres criterios: ser extranjeras, participar en actos de terrorismo o tener la intención de hacerlo, y ser "una amenaza para la seguridad de los estadounidenses o para la defensa, las relaciones exteriores o los intereses económicos de EE.UU.".
La idea de sumar el Tren de Aragua y la MS13 al inventario es más reciente, pero en el caso de los carteles lleva años sobre la mesa, a pesar de que —a falta de un objetivo político o ideológico y con el lucro como fin último— no encajen en la descripción tradicional de grupos terroristas.
El Congreso lo propuso en 2011, sin éxito, después de la muerte de dos estadounidenses a manos de grupos del narco. E hizo otro intento en 2019, tras el asesinato de nueve miembros de la familia mormona LeBaron, mujeres y niños con doble nacionalidad, en una zona del norte de México fronteriza con EE.UU.
El demócrata Barack Obama ya lo barajó cuando fue presidente y Trump lo empujó durante su primer mandato.
Pero ha sido en los últimos años, cuando las muertes por fentanilo —una de las drogas que trafican los carteles a través de la frontera— se empezaron a contar por decenas de miles, cuando la idea ha ido ganando apoyo.
En septiembre de 2022, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott emitió una órden ejecutiva con ese objetivo y dio instrucciones al Departamento de Seguridad Pública del estado que multiplicara sus esfuerzos para proteger a los texanos de la "crisis del fentanilo".
Al año, 21 fiscales generales republicanos le pidieron al entonces presidente, Joe Biden, que ordenara la inclusión de las organizaciones mexicanas dedicadas al narcotráfico en el listado.
Los carteles "han matado más estadounidenses que cualquier organización terrorista del mundo", dijo el pasado noviembre Tom Homan, el "zar de la frontera" de la nueva administración.
Y aseguró que Trump estaba "comprometido a nombrarlos organizaciones terroristas y a utilizar todo el poder de las Operaciones Especiales de EE.UU. para eliminarlos".
Tanto es así, que decidió asumir la tarea el mismo día que estrenaba mandato.
No. Esa decisión la toma el Departamento de Estado, después de haber consultado con otras agencias del gobierno federal y haber comprobado que es compatible con el marco legal.
"Después de las consultas, el Departamento puede llegar y decir que los grupos propuestos no cumplen con los criterios legales", le dice Jason Zablakis, quien supervisó dicho proceso de designación en la Oficina de Contraterrorismo (CT) del Departamento de Estado entre 2008 y 2018, a BBC Mundo.
"Es un proceso que puede tomar meses si se hace de forma correcta", subraya el ahora profesor, quien dirige el Centro sobre Terrorismo, Extremismo y Contraterrorismo (CTEC) del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales, con sede en Monterey, California.
Existe la dificultad añadida de que en la órden ejecutiva de Trump no se especifica qué carteles incluir en la lista, sino que se pide al secretario de Estado que proponga los nombres. Y se suman otros dos grupos que revisar, el Tren de Aragua y la MS13.
Aun así, Trump le ha dado al Departamento de Estado 14 días para que emita una recomendación respecto a todos ellos.
Los expertos subrayan que EE.UU. hoy por hoy ya tiene distintos marcos legales para perseguir a los grupos incluidos en la orden ejecutiva de Trump.
En el caso del Tren de Aragua, y tras un informe del Departamento de Seguridad Nacional que identificaba a presuntos miembros en 16 estados del país, Biden la sumó recientemente a la lista de "organizaciones criminales transnacionales", a la que ya pertenecía la MS13.
Para combatir las organizaciones mexicanas que controlan el tráfico de drogas, el gobierno estadounidense ha utilizado de forma constante la Ley de Designación de Cabecillas de Narcóticos Extranjeros de 1999, más conocida como la "ley de capos" (Kingpin Act).
Su propósito es negar a aquellos que son considerados figuras de peso en el tráfico internacional de estupefacientes, a sus empresas y sus agentes el acceso al sistema financiero de EE.UU., así como la posibilidad de hacer negocios con compañías y ciudadanos estadounidenses.
De la misma manera, los principales efectos de estar en la lista de "grupos terroristas extranjeros" serían financieros, ya que la designación facilita a EE.UU. el bloqueo de flujos de capital y el combate al blanqueo de activos.
En ese sentido, "las consecuencias jurídicas de la 'ley de capos' no difieren sustancialmente de las de la designación de una 'organización terrorista extranjera'", apunta en un análisis sobre el tema María Calderón, del Instituto México del Wilson Center, un centro de estudios no partidario con sede en Washington.
Aunque la nueva herramienta podría ampliar la capacidad del gobierno para perseguir a aquellos que les proporcionen servicios o "apoyo material", matiza Calderón en su reporte, publicado en febrero del año pasado y titulado Mexican Cartels and the FTO debate ("Los carteles mexicanos y el debate de las organizaciones terroristas extranjeras"). Algo que también señala Blazakis.
Esto podría ser castigado con multas o con penas de hasta 20 años de prisión, o incluso la cadena perpetua si hay una muerte de por medio. Aunque no está claro cómo se aplicaría, por ejemplo, a vendedores de drogas en EE.UU. cuyos clientes mueran por sobredosis.
"(De ocurrir) va cambiar la manera en la que los agentes estadounidenses arman sus casos contra los carteles, porque antes tenían que justificar una amenaza a un ciudadano estadounidense, mientras que ahora cualquier vínculo al grupo ya es motivo de investigación", le dice a BBC Mundo Ioan Grillo, un periodista inglés que lleva 24 años cubriendo la violencia en México.
"Mucha gente puede entrar al pliego de sospechas de los agentes, y esto tiene consecuencias quizá no deseadas, como ir detrás de gente que fabrica armas en Estados Unidos, y gente que quiere aplicar a asilo en EEUU.", añade.
Y es que la designación establece que el ingreso de cualquier extranjero que "apoye, represente, entrene o sea miembro" de una "organización terrorista extranjera" es inadmisible y que, en ciertas circunstancias, puede ser expulsado del país, una medida que también se aplicaría a su familia.
"Pero las ventajas de una potencial nueva denominación son mínimas, porque en última instancia muchas de estas medidas ya hoy se pueden tomar contra estas organizaciones", reitera Blazakis.
Mientras Trump firmaba órdenes ejecutivas en el Despacho Oval el lunes, un periodista le preguntó si la designación de los carteles como "organizaciones terroristas" allanaba el camino para una operación militar de EE.UU. en México.
"Es posible. Cosas más raras se han visto", le contestó el mandatario.
"No abre en ese sentido ninguna avenida que no existiera ya", le dice Blazakis a BBC Mundo.
"No garantiza una intervención militar, pero se acerca", opina por su parte Grillo.
"Más que sentar las bases de una intervención en suelo mexicano, la implicación de esto es sobre las empresas que tienen vínculos con los carteles", señala Guadalupe Correa-Cabrera, una profesora de la Universidad George Mason, en Estados Unidos, que ha estudiado durante años las causas de la violencia en México.
"Se van a cancelar visas, se van a cancelar cuentas, pero para que haya una injerencia mayor en México tienen que pasar por muchas más instancias legales en EE.UU. No basta con una orden ejecutiva", le responde la investigadora a BBC Mundo.
Desde una perspectiva jurídica, la designación no facilita la incursión militar de EE.UU. en territorio mexicano. Sin embargo, algunos analistas apuntan a que podría servir como trampolín político hacia ello, al ayudar a construir una justificación.
"No hay nada en el lenguaje legal de una designación como "organización terrorista" que autorice cualquier tipo de acción militar", le dijo a Reuters Elisabeth Malkin, subdirectora de programas para América Latina de International Crisis Group. "Pero podría cambiar la mentalidad en Washington".
En respuesta a unas preguntas enviadas por esa misma agencia, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Brian Hughes, dijo en un comunicado que "más allá de las herramientas adicionales que esta designación proporciona al presidente Trump y su administración, envía un mensaje claro a los carteles que amenazan a los ciudadanos estadounidenses".
"Todos queremos combatir a los carteles de la droga", dejó claro la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al día siguiente de que su homólogo estadounidense firmara la orden ejecutiva.
Pero "ellos en su territorio, nosotros en nuestro territorio", subrayó, y recordó que el nuevo secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, apostó por privilegiar la cooperación.
Los partidos de oposición también cerraron filas con el oficialismo en este tema. El conservador PAN, la formación opositora mayoritaria, rechazó cualquier posibilidad de "intervencionismo extranjero".
Sin embargo, los expertos no dudan que la designación aumentará la presión para que el gobierno de Sheinbaum —que abandera el discurso de afrontar el problema mediante las ayudas sociales y la atención de la desigualdad— obtenga resultados en política antidrogas que sean medibles en los términos de la administración Trump.
Lo hará en un contexto en el que en el estado norteño de Sinaloa se libra desde hace meses una guerra total entre las dos facciones del Cartel de Sinaloa. El desencadenante fue el arresto en julio por parte de EE.UU. de uno de los jefes de la organización, Ismael "El Mayo" Zambada, en El Paso, Texas.
Y en un momento en el que las relaciones diplomáticas entre ambos países se adivinan tensas, no solo en el tema de la seguridad binacional, también en el migratorio y comercial, por las medidas relacionadas con la frontera y los aranceles a las que Trump ya dio luz verde.
"Si realmente se va a luchar contra los carteles de manera efectiva, tiene que ser un esfuerzo conjunto de los gobiernos de Estados Unidos y México, y creo que la designación del cartel envenenará las voluntades y dificultará hacerlo", subraya Blazakis.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO
