En 1924, agentes de la policía argentina y un grupo de colonos mataron a cientos de indígenas que protestaban por las condiciones de vida y de trabajo inhumanas en las plantaciones de algodón en la región norte del Chaco.
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Casi 100 años pasaron, pero finalmente la justicia se pronunció. Un tribunal argentino declaró este jueves la responsabilidad del Estado por la matanza de más de 400 indígenas ocurrida hace casi un siglo en la provincia de Chaco, en el noreste del país.
En 1924, agentes de la policía argentina y un grupo de colonos mataron a cientos de indígenas que protestaban por las condiciones de vida y de trabajo inhumanas en las plantaciones de algodón en la región norte del Chaco.
Las víctimas pertenecían a las comunidades originarias moqoit (o mocoví) y qom que vivían en condiciones de semiesclavitud en la llamada reserva Napalpí, en tierras colonizadas por agricultores inmigrantes procedentes de Europa.
Todo ocurrió en la llamada Reducción Aborigen de Napalpí -hoy llamada Colonia Aborigen-, a unos 150 km de Resistencia, la capital de la provincia de Chaco.
Las reducciones eran sitios creados por el Estado para concentrar a las poblaciones indígenas y poder explotarlas como mano de obra barata.
Esos hechos llevaron al inicio, el pasado abril, de un "juicio por la verdad" que este jueves llevó a la determinación de la responsabilidad del Estado al considerar probado que se cometieron "crímenes contra la humanidad" en el contexto de un "genocidio indígena".
Entre el 70% y el 80% de los pobladores de la Reducción Aborigen de Napalpí fueron asesinados el 19 de julio de 1924.
El fallo fue emitido por la jueza Zunilda Niremperger, quien ordenó "reparaciones históricas" que no incluyen compensaciones económicas, aunque la prensa local ha señalado que es posible que estas puedan surgir luego de un posible juicio civil.
Entre las medidas ordenadas se incluye la inclusión de la historia de la masacre en los programas educativos de las escuelas y la continuación de las labores forenses para ubicar los restos de las víctimas, muchas de las cuales fueron enterradas en fosas comunes.
La jueza también ordenó al Estado argentino realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad con participación de las víctimas y sus descendientes, así como la constitución de un museo y de un sitio de memoria en el lugar de los hechos.
Tras conocerse el fallo, Raquel Esquivel, descendiente de la comunidad qom, dijo que era hora de que "sean escuchadas las voces de los indígenas".
"Es importante que se diga la verdad", dijo en declaraciones a la agencia AFP.
La investigación sobre lo ocurrido en Napalpí tuvo su origen en las pesquisas realizadas por el historiador qom Juan Chico quien, a partir de los relatos de su abuela, Saturnina, empezó a investigar los hechos y recolectó testimonios y evidencias que posteriormente publicaría en su libro "La voz de la sangre", que permitió empezar a romper el silencio histórico sobre lo ocurrido, a comienzos de este siglo.
En abril pasado, el Ministerio Público Fiscal de Argentina explicó que este procedimiento estaba "encaminado a la averiguación de la verdad, similar a los tramitados durante la década del 90 en diferentes jurisdicciones para investigar los crímenes de la última dictadura cuando estaban vigentes los efectos de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida" que impedían juzgar a los represores.
(Imagen: Roberto Lehmann-Nitsche)
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