El regreso del empresario a la Casa Blanca en enero y su promesa de implementar una política de deportaciones masivas hizo que se disparara el valor de las acciones de los dos gigantes del negocio carcelario: GEO Group y CoreCivic.
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A diferencia de otros países, en los que las prisiones son administradas por agencias públicas, en Estados Unidos las cárceles y los centros de detención de migrantes indocumentados son un negocio multimillonario en el que participan empresas privadas.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero y su promesa de implementar una política de deportaciones masivas hizo que se disparara el valor de las acciones de los dos gigantes del negocio carcelario: GEO Group y CoreCivic.
"Geo Group se creó para este momento único en la historia de nuestro país y para las oportunidades que traerá consigo", dijo George Zoley, fundador de la empresa, en una llamada con inversores días después de que Trump fuera elegido.
Es una "oportunidad sin precedentes", apuntó el presidente y director ejecutivo del mayor operador de prisiones privadas de Estados Unidos y el que alberga al mayor número de migrantes en el país.
La firma, que en 2024 tuvo ingresos por un valor de US$2.400 millones, espera duplicar todos sus servicios y aumentar su rentabilidad con la nueva administración Trump. Entre sus mayores accionistas están los fondos de inversión BlackRock, Vanguard, Wolf Hill, FMR y Goldman Sachs.
Por su parte, CoreCivic, la segunda mayor empresa carcelaria del país, que en 2024 tuvo ingresos de US$2.000 millones, también proyecta una avalancha de nuevos negocios con el gobierno de Trump.
"Llevo 32 años trabajando en CoreCivic y este es sin duda uno de los períodos más emocionantes de mi carrera", declaró Damon Hininger, director ejecutivo de la firma en febrero, anticipando que la empresa podría tener "quizás el crecimiento más significativo de su historia" en los próximos años.
Algunos de sus grandes acccionistas también son Blackrock y Vanguard, además de River Road y Cooper Creek Partners.
Estas empresas y otras más pequeñas se reparten el manejo de las prisiones y centros de detención para migrantes indocumentados, logrando contratos financiados con fondos públicos a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), una agencia gubernamental dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Como organismo encargado de las deportaciones, ICE requiere ahora que los centros de detención tengan la capacidad suficiente para recibir a un número cada vez mayor de detenidos.
De ahí viene la urgencia del gobierno por firmar nuevos contratos que le permitan reabrir o construir nuevas instalaciones.
Desde que Trump ganó las elecciones en noviembre, GEO Group vio cómo el valor de sus acciones se disparó cerca de un 90% y CoreCivic alrededor de un 50%.
Los acuerdos entre la administración Trump y estas empresas para ampliar la capacidad de las instalaciones existentes están avanzando.
Geo Group y el gobierno anunciaron en febrero la reapertura de Delaney Hall, un centro de detención de Nueva Jersey, tras la firma de un contrato de 15 años con un valor de US$1.000 millones.
Geo Group espera que el contrato genere más de US$60 millones en ingresos durante el primer año completo de operaciones del centro, una instalación que cumplió la misma función entre 2011 y 2017, época en que era propiedad de Community Education Centers, una empresa privada que GEO Group adquirió en 2017.
Organizaciones comunitarias han protestado en contra la reapertura de la instalación y Ras Baraka, alcalde de Newark, localidad en la que está emplazado el centro de detención, declaró que este "no es bienvenido".
"No queremos ser parte de esto", dijo Baraka refiriéndose a las políticas de deportación gubernamentales que, según denuncia, no respetan el debido proceso al que tienen derecho los detenidos en EE.UU.
Pero Delaney Hall es solo un ejemplo de las diferentes instalaciones que reiniciarán sus operaciones en los próximos meses.
En Texas, la empresa privada CoreCivic también firmó un acuerdo hace unas semanas para reabrir el centro de detención de inmigrantes en la ciudad de Dilley, el cual anteriormente albergaba a familias con niños detenidas por ICE.
Ubicado a unos 135 kilómetros de la ciudad de Laredo, en la frontera con México, el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas de Dilley espera poner a disposición del gobierno unas 2.400 camas.
Este centro fue utilizado durante la administración del presidente Barack Obama y durante la primera presidencia de Donald Trump. Sin embargo, el presidente Joe Biden eliminó gradualmente la detención de familias en la instalación para convertirla en un centro de detención de adultos. CoreCivic informó que el sitio quedó inactivo en 2024 cuando se terminó su contrato.
Está previsto que el centro albergue nuevamente a familias bajo un nuevo contrato, según el administrador de la ciudad de Dilley, Henry Arredondo, quien -al igual que ICE- ha descrito la instalación como "limpia y organizada".
"Las personas que estarán allí, obviamente, están viviendo una aventura desafiante, por así decirlo. Pero, como saben, necesitan ser tratados con dignidad y respeto", le dijo Arredondo a la Radio Pública Nacional, (NPR, por sus siglas en inglés).
Los nuevos contratos adjudicados en los últimos meses se dan en un momento en el que la Casa Blanca busca intensificar su ofensiva contra la migración indocumentada para conseguir el objetivo que se ha fijado de deportar, al menos en una primera etapa, a 1 millón de los cerca de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en el país.
Pero conseguir esa meta no es fácil porque requiere, además de aumentar el número de arrestos de indocumentados, aumentar la capacidad de las instalaciones para albergar a los detenidos, mientras esperan el momento de su expulsión del país.
Para cumplir con los planes de Trump, su "zar fronterizo", Tom Homan, dijo que necesitará al menos 100.000 camas para mantener a los migrantes detenidos, más del doble de la capacidad actual.
Y con ese objetivo en la mira, el rol de las empresas privadas es crucial.
Pero los nuevos contratos requieren más financiación. En este momento, lo que la Casa Blanca quiere es conseguir que el Congreso -de mayoría republicana- apruebe un aumento de los recursos que necesita para avanzar con su política de deportaciones.
Expertos calculan que mantener detenido a un adulto implica un costo aproximado de US$165 al día por cama.
Según datos oficiales, la población de detenidos por ICE aumentó de 39.000 en enero a aproximadamente 48.000 a principios de abril, su nivel más alto en cinco años y muy por encima de las 41.500 camas para las que ICE cuenta actualmente con fondos.
Recientemente ICE solicitó permiso para agilizar los procesos de contratación para acelerar los acuerdos con centros de detención de California, Michigan y otros estados.
Y hace unas semanas, el gobierno de Trump realizó una convocatoria para que empresas privadas presenten propuestas dirigidas a ampliar la red de centros de detención, transporte, guardias de seguridad, asistencia médica y otros servicios, por un valor de hasta US$45.000 millones en los próximos dos años.
En medio de las denuncias de hacinamiento en algunos centros de detención, la urgencia para ampliar el número de camas disponibles parece apremiante para la Casa Blanca.
En los últimos meses, el gobierno ha recurrido al uso de instalaciones militares como la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo en Cuba, desde donde salió en marzo el primer vuelo de venezolanos deportados a una cárcel de alta seguridad en El Salvador. Se desconoce si el gobierno tiene planes para seguir utilizando esa estación u otros recintos militares.
Brett Burkhardt, profesor asociado de Sociología en la Universidad Estatal de Oregón, ha investigado el rol de GEO Group y CoreCivic en el sector carcelario de Estados Unidos.
Como cotizan en bolsa, estas firmas deben hacer públicos sus resultados y responder ante los accionistas.
Su negocio incluye todo el sistema penitenciario estadounidense y no solo los centros de detención para migrantes, pero éstos se han convertido en una parte sustancial de sus ingresos en los últimos años.
"Los contratos son muy lucrativos", dice Burkhardt en diálogo con BBC Mundo.
Actualmente, cerca del 70% de todos los migrantes detenidos están en centros manejados por distintas corporaciones privadas.
Ahora bien, el negocio relacionado con migrantes no se reduce solamente a los centros de detención.
Las empresas también ofrecen servicios de transporte y monitoreo electrónico de los migrantes, mientras están en libertad a la espera de una audiencia en las cortes.
Brett Burkhardt señala que existe un cierto nivel de preocupación por el rol de estas compañías en el manejo de los centros de detención, ya que tienen incentivos para financiar campañas políticas que promuevan medidas migratorias más estrictas.
Así lo señala Bianca Tylek, directora ejecutiva de la organización WorthRises y autora del libro "La industria penitenciaria: cómo funciona y quién se beneficia".
"Han gastado millones de dólares en apoyar campañas políticas que benefician su negocio", le dice a BBC Mundo.
Más allá de eso, agrega, la rentabilidad de sus operaciones se basa en tener la mayor cantidad posible de personas detenidas y en reducir al máximo los costos en los servicios que ofrecen a los detenidos.
Aunque esa lógica está presente en todo el sistema carcelario estadounidense, en los centros de detención para migrantes la situación es más preocupante, apunta, porque ellos "tienen menos derechos y pueden sufrir más abusos".
La reducción de costos se traduce en que los detenidos viven en condiciones que están por debajo los estándares mínimos que deberían cumplir los centros para indocumentados, dice Setareh Ghandehari, directora de promoción de la organización Detention Watch Network.
Desde hace tiempo se han denunciado las precarias condiciones de vida de los detenidos en esos centros.
Ghandehari asegura que muchas veces los migrantes no tienen acceso a los servicios médicos que requieren, las instalaciones en las que viven no reciben mantenimiento y los baños y las condiciones higiénicas están lejos de ser aceptables. "Hemos visto abusos en varios centros de detención", señala.
Un portavoz de GEO Group le dijo a BBC Mundo que durante las últimas cuatro décadas, la empresa ha trabajado con siete administraciones y en todos los casos "nuestros servicios contratados son supervisados por el gobierno federal" para garantizar el estricto cumplimiento de los estándares nacionales de detención que se aplican a todos los centros de ICE.
Los servicios prestados "incluyen acceso a atención médica las 24 horas en ciertas instalaciones en las que GEO presta directamente servicios médicos, seguridad, mantenimiento y servicios de alimentación, así como acceso a servicios recreativos y asesoría legal", agregó.
Además, apuntó que en aquellas instalaciones en las que la compañía presta servicios de atención médica, las personas tienen acceso a un equipo de profesionales formado por médicos, enfermeras, dentistas, psicólogos y psiquiatras, así como acceso a derivaciones a servicios externos cuando sea necesario.
La empresa CoreCivic, por su parte, le dijo a BBC Mundo que su responsabilidad es "atender a cada persona con respeto y humanidad, mientras recibe el debido proceso legal al que tiene derecho".
"Estamos firmemente comprometidos con brindar atención de alta calidad a las personas en nuestras instalaciones", dijo Ryan Gustin, director de Asuntos Públicos de la compañía.
"Nuestras instalaciones están sujetas a múltiples niveles de supervisión y son monitoreadas muy de cerca por nuestros socios gubernamentales para garantizar el pleno cumplimiento de las políticas y procedimientos", agregó.
Por otro lado, la empresa afirmó estar comprometida con los derechos humanos de los detenidos "incluyendo derechos legales, seguridad, atención médica, visitas y calidad de vida".
ICE fue contactado por BBC Mundo para este artículo, pero hasta ahora, no recibimos respuesta.
Un análisis realizado por un organismo de control federal de los registros de inspección de 17 centros de ICE entre los años fiscales 2020 y 2023 halló evidencias de atención médica deficiente en más de la mitad de las instalaciones y violaciones de las normas de salud y seguridad ambiental en más de un tercio, informó el Washington Post.
En este momento, lo que está claro es que, para implementar su ambiciosa política de deportaciones, el gobierno de Trump necesita conseguir la financiación necesaria para incrementar el número de arrestos de indocumentados y contar con suficientes instalaciones para albergarlos.
Esa es una batalla que probablemente la Casa Blanca dará en el Congreso en los próximos meses con el objetivo de cumplir la promesa electoral de Trump de llevar a cabo "la mayor deportación" de migrantes en la historia de Estados Unidos.
(Imagen: BBC)
PURANOTICIA // BBC MUNDO
