Una coalición de 25 estados gobernados por demócratas presentó una acción legal contra la Administración Trump, argumentando que los gravámenes son inconstitucionales.
La mitad de los 50 estados de Estados Unidos presentó una demanda contra el presidente Donald Trump y su administración por la imposición de nuevos aranceles globales de entre 10% y 12,5% a las importaciones provenientes de la mayoría de sus socios comerciales, al considerar que las medidas son tan ilegales como las que anteriormente fueron declaradas inconstitucionales por la justicia.
La acción judicial fue impulsada por los estados de Oregón, Arizona y California, y cuenta con el respaldo de otros 22 estados, todos gobernados por el Partido Demócrata.
En la demanda se sostiene que los aranceles aplicados por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) son tan amplios que contradicen los objetivos que la propia administración ha señalado para justificarlos y vulneran la legislación utilizada como fundamento para imponerlos.
Los nuevos gravámenes fueron decretados a fines de julio, pocas horas antes del vencimiento de un arancel global temporal de 10%, y se sustentan en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, normativa que permite aplicar este tipo de medidas frente a prácticas comerciales consideradas desleales o perjudiciales para el comercio estadounidense. La administración Trump argumentó que la decisión responde a una investigación sobre prácticas de trabajo forzoso en el extranjero.
Sin embargo, los estados demandantes afirmaron que rechazan el trabajo forzoso en cualquiera de sus formas, pero sostienen que el Gobierno no puede utilizar ese argumento como justificación para mantener una política arancelaria que consideran ilegal.
La demanda fue presentada este lunes ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, en Manhattan, y también acusa al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, de no respetar los procedimientos establecidos por la ley para la aplicación de este tipo de medidas.
Por ello, los estados solicitaron que los nuevos aranceles sean anulados y que se reembolsen los montos pagados por concepto de estos gravámenes.
La acción judicial abre un nuevo capítulo en la disputa entre la administración Trump y diversos estados, además de pequeñas empresas, que han cuestionado reiteradamente la legalidad de las políticas arancelarias impulsadas por el mandatario.
El conflicto se produce luego de que, en febrero, la Corte Suprema determinara que los aranceles globales impuestos previamente por Trump al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) eran ilegales.
Desde esa resolución, las autoridades aduaneras han debido procesar miles de solicitudes de devolución presentadas por empresas que pagaron parte de los cerca de 166 mil millones de dólares recaudados por esos gravámenes.
Tras ese fallo, Trump volvió a imponer aranceles globales de 10%, esta vez invocando el artículo 122 de la Ley de Comercio. Aunque un tribunal especializado también los declaró ilegales, permitió que continuaran vigentes mientras se desarrolla el proceso de apelación, hasta su expiración el mes pasado.
PURANOTICIA