El juez supremo Juan Carlos Checkley estableció en su resolución que existen elementos para fundamentar la acusación de los delitos de rebelión y conspiración contra Castillo y algunos de sus colaboradores.
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Un juez en Perú dictó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra detenido desde el pasado 7 de diciembre tras intentar disolver el Congreso de su país y establecer un gobierno de excepción.
El juez supremo Juan Carlos Checkley estableció en su resolución que existen elementos para fundamentar la acusación de los delitos de rebelión y conspiración contra Castillo y algunos de sus colaboradores.
De esta manera, el expresidente permanecerá recluido en las instalaciones del penal de Barbadillo en el distrito de Ate, al este de Lima.
El magistrado también estableció la comparecencia periódica del ex primer ministro Aníbal Torres, a quién le impuso una fianza y le restringió sus movimientos.
Según informa el diario el Comercio, el magistrado señaló en su resolución que existen elementos de convicción de presunta conspiración y que Castillo, junto a la exprimera ministra Betssy Chavéz, el exministro del Interior Willy Huerta y Aníbal Torres habrían concertado la decisión de disolver el Congreso e intervenir el sistema de justicia.
El magistrado dictaminó también que hay elementos de convicción de que Castillo tenía la intención de fugarse y asilarse en México.
Entre las demandas de manifestantes en los últimos días está el cierre de Congreso y la liberación de Castillo.
Los abogados de Castillo no participaron en la audiencia virtual de este jueves, argumentando que la vacancia de su representado fue ilegal, al igual que el proceso que se está llevando en su contra.
El abogado de oficio que se le asignó a Castillo indicó que su patrocinado no llegó a cometer el delito de rebelión, debido a que no se alzó en armas. Asimismo, aseguró que no existe peligro de fuga.
La prisión preventiva contra Castillo se dictó el mismo día en el que el gobierno de Perú, en medio de las protestas que se han registrado por todo el país tras la detención de Castillo, decretó la inmovilización social obligatoria por cinco días en 15 provinciasdel país, al amparo del estado de emergencia nacional instaurado el día antes por 30 días.
Además, este jueves el Congreso peruano se encuentra reunido para debatir la posibilidad de adelantar las elecciones a diciembre de 2023, como propuso la presidenta Dina Boluarte.
PURANOTICIA // BBC MUNDO
