Las organizaciones israelíes de derechos humanos afirman que la ley es inconstitucional.
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El parlamento israelí aprobó una ley que permite al gobierno de ese país deportar a familiares de personas que hayan sido condenadas por delitos terroristas, incluyendo a ciudadanos de Israel.
La controvertida ley, propuesta por un miembro del partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu, se aplica a familiares de primer grado, es decir, padres, hermanos o hijos de personas declaradas culpables de cometer o apoyar actos de terrorismo.
Las organizaciones israelíes de derechos humanos afirman que la ley es inconstitucional.
Mientras que algunos miembros de la oposición de la Knesset, el parlamento israelí, sugirieron que la normativa está dirigida a los ciudadanos palestinos de Israel, a veces llamados árabes israelíes.
La ley permite la deportación de familiares de quienes hayan tenido conocimiento previo y no hayan denunciado oportunamente a la policía o de aquellos que "hayan expresado su apoyo o identificación con un acto de terrorismo".
También podrían ser deportados los familiares de quienes hicieran públicos mensajes de "elogios, simpatía o fomento en torno un acto de terrorismo o a una organización terrorista".
Los familiares serían deportados por orden del ministro del Interior. Según el sitio web Times of Israel, algunos miembros de la Knesset sugirieron durante el debate del proyecto de ley que ésta no se utilizaría contra los extremistas judíos.
"La familia de Yigal Amir no será deportada a ningún lado", dijo la miembro de la oposición en el parlamento, Merav Michaeli, refiriéndose al asesino del ex primer ministro Yitzhak Rabin, un extremista judío.
Mickey Levy preguntó “si van a deportar a la familia de Ben Gvir”, en referencia a la condena por incitación a la violencia y apoyo a un grupo terrorista que recibió el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir en su juventud.
La doctora Dahlia Scheindlin, analista política israelí, dijo a la BBC que "no hay duda" de que la ley está destinada a aplicarse a los árabes israelíes y palestinos.
"Es muy improbable que un ciudadano judío de Israel sea deportado bajo esta ley", dijo Scheindlin.
"Esto es claro por ciertas disposiciones expresadas en la misma ley, pero también por elementos importantes que determinarán cómo se aplicará la norma, incluidos aquellos como que, en el lenguaje común israelí, el término 'terror' casi nunca se aplica a los actos de violencia judíos contra civiles palestinos".
Cerca del 20% de la población del país son palestinos ciudadanos de Israel.
Un camión que chocó con una parada de buses en el centro de Israel el mes pasado, matando a una persona y dejando decenas de heridos, era manejado por un hombre identificado por las autoridades como un palestino ciudadano de Israel.
Muchos árabes israelíes también han sido condenados por publicar en sus redes sociales apoyo o simpatía hacia Hamás desde el atentado del 7 de octubre del año pasado.
Tanto el Ministerio de Justicia como la Oficina del Fiscal General han manifestado su preocupación respecto de cómo la legislación, la que probablemente será impugnada en tribunales, podrá aplicarse.
Eran Shamir-Borer, investigador senior del Instituto Israelí para la Democracia y experto en derecho internacional del ejército de ese país, afirmó que si la legislación llegara a la Corte Suprema, probablemente sería anulada.
"La conclusión es que esta es una medida totalmente inconstitucional y claramente contraria a los valores fundamentales de Israel", dijo Shamir-Borer a la agencia de noticias Associated Press.
Los deportados serán enviados a Gaza o a "otro destino determinado según las circunstancias".
Aparte de los militares, los ciudadanos comunes de Israel no pueden entrar legalmente en Gaza.
Se cree que Hamás mantiene secuestrados en Gaza a unos 100 israelíes, de los que unos 60 estarían vivos.
De acuerdo con la normativa, los ciudadanos israelíes conservarían su ciudadanía incluso después de ser expulsados del país. Pero no se les permitiría regresar hasta pasados entre 7 y 15 años.
Mientras que los residentes permanentes podrían ser expulsados entre 10 y 20 años.
La mayoría de la población palestina del Este de Jerusalén tiene residencia israelí permanente.
Adicionalmente, el parlamento aprobó una orden temporal de cinco años que permite imponer penas de prisión a menores de 14 años condenados por asesinato como parte de un acto de terrorismo o como parte de las actividades de una organización terrorista.
(Imágenes: EPA, Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO
