El Ejecutivo justificó la decisión en la necesidad de proteger a la población frente al aumento de la criminalidad.
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El Gobierno de Perú prorrogó por segunda vez el estado de emergencia en Lima y Callao, extendiendo la medida por un plazo adicional de 30 días en medio de la persistente crisis de seguridad que afecta a ambas regiones. La decisión fue oficializada a través del diario oficial El Peruano y responde, según el Ejecutivo, a la necesidad de resguardar el orden público y la seguridad ciudadana.
El decreto sostiene que es deber primordial del Estado garantizar los Derechos Humanos, proteger a la población frente a amenazas a su seguridad y promover el bienestar general. Durante la vigencia de la norma, la Policía Nacional del Perú continuará a cargo del control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas.
La prórroga mantiene la suspensión de ciertos derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y la libertad de reunión. Asimismo, las actividades que congreguen a un alto número de personas deberán ser informadas previamente a las autoridades, quienes evaluarán la autorización correspondiente.
De acuerdo con la normativa, una vez concluido el período de emergencia, las fuerzas de seguridad deberán remitir un informe detallado a las autoridades en un plazo máximo de cinco días hábiles, con el objetivo de evaluar los resultados obtenidos y la efectividad de las medidas aplicadas.
No obstante, la extensión del estado de emergencia ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones sociales y sectores de la oposición, quienes advierten que la estrategia no ha logrado contener delitos como homicidios y extorsiones, particularmente contra transportistas. Además, cuestionan que la presencia militar en las calles no aborda el funcionamiento de redes criminales que operan principalmente a través de plataformas digitales y aplicaciones de mensajería.
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