En 48 horas se dispondrá el toque de queda y las Fuerzas Armadas asumirán el control territorial, "con el objetivo de garantizar la seguridad de la población", sostuvo el Ejecutivo.
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El Gobierno de Perú anunció que instaurará el toque de queda en el distrito de Pataz, donde, además, el Ejército tomará el control territorial, a raíz del secuestro y asesinato de 13 personas en una mina de oro situada en esta localidad del norte del vecino país.
"En un plazo máximo de 48 horas, se dispondrá el toque de queda en la zona y las Fuerzas Armadas asumirán el control territorial, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población", reza el comunicado del Gobierno. En esta línea, "se instalará una base militar que asegure la presencia operativa permanente".
Las propias autoridades del departamento de La Libertad, donde se ubica el distrito de Pataz, habían pedido al Ejecutivo que declarase el estado de sitio en la zona.
Paralelamente, el Gobierno solicitará al Congreso la delegación de competencias legislativas para "implementar medidas urgentes en la lucha contra el terrorismo urbano". Además, el Ejecutivo ordenó "la paralización de toda operación minera por 30 días" en la zona y la Presidencia anunció un proyecto de ley contra el terrorismo urbano.
El domingo, autoridades peruanas confirmaron la muerte de 13 mineros que permanecían secuestrados desde el pasado 25 de abril en la provincia de Pataz, región de La Libertad, actualmente bajo estado de emergencia.
A la cifra oficial se sumó el hallazgo de otros dos cadáveres adicionales, cuya identidad no ha sido establecida ni se ha confirmado si pertenecen al mismo grupo de trabajadores. El secuestro –según reportes del medio El Comercio– incluyó una exigencia de 4 millones de soles por parte de los captores a cambio de su liberación.
El grupo fue raptado por mineros ilegales presuntamente vinculados a organizaciones criminales. Las víctimas prestaban servicios a un minero artesanal relacionado con Minera Poderosa, compañía dedicada a la extracción de oro en la zona.
Previo al secuestro, ya se habían registrado episodios violentos en contra de operaciones de minería formal e informal, lo que reflejaba un clima de creciente tensión en la zona.
La propia empresa Minera Poderosa se pronunció tras la tragedia, denunciando el contexto de impunidad en el que operan estas bandas: “Volvemos a hacer un llamado urgente al gobierno a fin de que replantee su estrategia para enfrentar la criminalidad y lograr la captura de los delincuentes que vienen operando en Pataz". La minera también exigió “fortalecer el trabajo de inteligencia y trabajar de la mano con el Ministerio Público y el Poder Judicial”.
Además, criticaron directamente al Congreso peruano por extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), señalando que ha servido como “manto protector para que los mineros informales/ilegales sigan desarrollando sus actividades impunemente como parte de un proceso que ha demostrado ser un total fracaso”.
El alcalde de Pataz, Aldo Mariño, también expresó su frustración por la ineficacia del estado de emergencia en la zona. “Hasta la fecha, no tienen una banda criminal identificada, no han capturado. Llevamos más de un año en estado de emergencia. No hay miembros de bandas capturadas”, señaló con dureza, exigiendo la presencia de servicios de inteligencia y equipos especializados.
Pese a la movilización de más de 800 efectivos policiales y militares esta semana, los esfuerzos no lograron impedir el secuestro ni evitar esta nueva tragedia, que deja al descubierto la grave crisis de seguridad en los corredores mineros del país vecino.
PURANOTICIA
