El Tribunal Supremo dictaminó a principios de julio que Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, gozaba de inmunidad, pero descartó que esta fuese total.
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La Fiscalía especial que examina los intentos del expresidente Donald Trump de revertir los resultados de las elecciones de 2020, sacó adelante una nueva acusación contra el magnate, de tal manera que mantiene los mismos cuatro cargos, pero revisa algunas de las conductas para sortear los límites impuestos por el Tribunal Supremo en materia de inmunidad.
El Supremo dictaminó a principios de julio que Trump, como presidente, gozaba de inmunidad, pero descartó que esta fuese total, lo que abría la puerta a que los tribunales estudiasen en detalle cuáles de los supuestos delitos atribuidos al ex mandatario fueron cometidos bajo el paraguas de un cargo presidencial y cuáles no.
El fiscal Jack Smith rehizo su acusación al albor de esta sentencia, aunque mantuvo los cuatro cargos: conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos de los ciudadanos.
El nuevo escrito avalado por un gran jurado federal, deja fuera algunas de las conductas atribuidas a Trump, entre ellas la presunta utilización del Departamento de Justicia para alentar la tesis del fraude electoral, según CNN.
Incide asimismo en su condición de "candidato" en las elecciones en disputa y no tanto en el puesto de presidente, planteando por ejemplo que Trump carecía de responsabilidades oficiales vinculadas al procedimiento de certificación de los resultados que se vio interrumpido por el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021.
Trump, que tiene abiertos varios frentes judiciales, ya se había declarado inocente de los cargos relativos a esta causa, para la que no existe un calendario preciso. En el horizonte cercano están ya las elecciones presidenciales de noviembre, en las que intentará regresar a la Casa Blanca como abanderado del Partido Republicano.
El fiscal resaltó que esta nueva acusación refleja el interés del Gobierno federal por "respetar y aplicar" la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
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