El Gobierno estadounidense penalizó a cinco personas y siete empresas vinculadas al régimen. Se les acusa de confiscar bienes y financiar su poder político mediante la industria aurífera.
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Siete empresas y cinco personas fueron blanco de las recientes medidas punitivas anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos. Dentro de este grupo figuran dos de los siete hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, actuales copresidentes de Nicaragua, a quienes se les acusa de respaldar el "control corrupto" que ejercen las autoridades sobre la industria aurífera local.
A través de una declaración oficial, el Departamento del Tesoro estadounidense justificó la acción argumentando que la totalidad de los castigados "ayudan a la dictadura de Ortega y Murillo a generar dinero y mantener el poder político en Nicaragua".
La misma repartición gubernamental detalló que la lista negra incluye a "entidades e individuos nicaragüenses implicados en la incautación forzosa de propiedades estadounidenses en Nicaragua". Uno de los nombres que destaca en esta nómina es el de Santiago Hernán Bermúdez, quien ejerce como viceministro de Energía.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, profundizó en las motivaciones de la Casa Blanca y afirmó que "la dictadura de Murillo y Ortega ha intentado llenar sus cofres a través del uso de estas compañías de oro y a los co-conspiradores a través de la confiscación de inversiones estadounidenses en Nicaragua, usándolos para generar fondos para mantener el poder político".
En esa misma línea, el alto funcionario fue categórico al advertir que "Estados Unidos no permitirá la confiscación ilegal de bienes propiedad de estadounidenses y seguirá actuando contra los flujos de ingresos que empoderan al régimen corrupto de Murillo y Ortega".
Respecto a los descendientes de la pareja gobernante que fueron sancionados, se trata de Maurice Facundo Ortega Murillo y Daniel Edmundo Ortega Murillo. El primero se desempeña como delegado para Deportes de la Presidencia, mientras que el segundo es el coordinador del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Cabe recordar que este último puesto fue ocupado por su propia madre antes de que asumiera la vicepresidencia en 2017 y, posteriormente, el cargo de copresidenta en 2025.
Desde el Departamento de Estado estadounidense, su portavoz, Tommy Pigott, enfatizó que estas restricciones apuntan directamente contra aquellas firmas y sujetos que "han facilitado el control corrupto de la dictadura sobre el sector del oro de Nicaragua, la incautación de propiedades de ciudadanos estadounidenses y la proliferación de su poder dinástico".
Para ilustrar el modus operandi del régimen, el vocero sostuvo que "desde 2020, la dictadura la reestructurado el sector del oro para convertirlo en una red compleja de compañías pantalla e intermediarios diseñada para generar moneda extranjera, lavar bienes sancionados y reforzar el control político para su propio beneficio".
Además, Pigott argumentó que "la dictadura también ha consolidado continuamente su poder ilegítimo en manos de la familia presidencial, nombrando a sus hijos como funcionarios de la dictadura para llevar a cabo sus objetivos dinásticos".
Frente a este escenario, el representante diplomático subrayó que la Administración de Donald Trump "seguirá usando todas las herramientas diplomáticas y económicas para defender los intereses estadounidenses y amplificar las demandas del pueblo nicaragüense sobre libertad, derechos inalienables y seguridad económica".
"Pedimos a la dictadura para que respete la propiedad privada, libere incondicionalmente a todos los presos detenidos injustamente y restablezca una buena gobernanza", concluyó Pigott. Hasta el momento, las autoridades de Nicaragua no han emitido ninguna respuesta oficial frente a las medidas comunicadas por Washington.
PURANOTICIA
