La medida, calificada como un hito histórico por el Departamento de Estado, responde a infracciones como delitos, fraudes, seguridad nacional y "turismo de nacimientos", e incluye sanciones recientes a autoridades latinoamericanas y la revisión de permisos a solicitantes de asilo.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha revocado más de 250.000 visados desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia, en el marco de una ofensiva de la Administración destinada a frenar la inmigración irregular y endurecer los controles para ingresar al país.
Según informó la cadena de televisión estadounidense Fox News, las cancelaciones responden a diversas infracciones, que van desde el incumplimiento de las condiciones del visado hasta la comisión de delitos, fraude, amenazas a la seguridad nacional o incitación a la violencia.
Entre los permisos retirados, la cadena destaca 2.300 vinculados al denominado "turismo de nacimientos", una práctica mediante la cual ciudadanas extranjeras embarazadas viajan a Estados Unidos con el propósito de que sus hijos obtengan automáticamente la ciudadanía al nacer.
"Bajo el mandato del presidente Trump y del secretario (de Estado) Marco Rubio, el Departamento de Estado ha revocado más de 250.000 visados, un hito histórico que refleja nuestro compromiso inquebrantable de proteger al pueblo estadounidense", ha declarado a dicha televisión el portavoz del Departamento, Tommy Pigott.
"Un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho, y si se violan los términos de ese privilegio, se pierde", ha sentenciado, incidiendo en que cada resolución en esta materia es "una decisión de seguridad nacional".
En el marco de esta estrategia, el Gobierno estadounidense revocó este martes los visados de 27 funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos —procedentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú—, así como de sus familiares, por acusaciones de corrupción.
Asimismo, la Administración comenzó a preparar durante el verano la cancelación de hasta 200.000 visados de negocios y turismo emitidos entre 2016 y 2026 a ciudadanos extranjeros que posteriormente solicitaron asilo, al considerar que el sistema está colapsado por peticiones fraudulentas.
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