Las entidades financieras deberán aplicar vigilancia reforzada sobre transacciones con estos países, sumándose a Rusia, mientras se eliminan de la lista Burkina Faso, Mali, Mozambique, Nigeria, Sudáfrica y Tanzania.
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La Comisión Europea ha informado este jueves de la inclusión de Bolivia e Islas Vírgenes en la lista de países que suponen un "alto riesgo" en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del territorio, una lista negra en la que también incluyó esta semana a Rusia.
Los cambios comunicados esta semana siguen las decisiones adoptadas en el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y suponen que las entidades de la Unión Europea sujetas a este marco antiblanqueo deberán aplicar una vigilancia reforzada sobre las transacciones en las que participen los países catalogados en la lista, con el objetivo de reforzar la seguridad del sistema financiero europeo.
En concreto, la Unión incluye a Bolivia e Islas Vírgenes como nuevos países terceros de "alto riesgo", mientras que suprime del catálogo las referencias a Burkina Faso, Mali, Mozambique, Nigeria, Sudáfrica y Tanzania.
En el caso de Rusia, los servicios comunitarios precisan que la decisión de incluirle es el resultado de las conclusiones de una evaluación propia realizada a nivel técnico y tras consultar información relevante con otros actores, incluidas las autoridades competentes de los Estados miembro y el Servicio Europeo de Acción Exterior. La conclusión de Bruselas es que este país presenta "deficiencias estratégicas" en la lucha contra el blanqueo.
Como miembro fundador de GAFI, la Comisión participa estrechamente en el seguimiento de los avances de las jurisdicciones incluidas en la lista, ayudándolas a aplicar plenamente sus respectivos planes de acción acordados con el organismo. La armonización con GAFI es importante para mantener el compromiso de la UE de promover y aplicar normas mundiales, según argumenta Bruselas en un comunicado.
Tras la revisión del Ejecutivo comunitario, los cambios entrarán formalmente en vigor una vez que el Parlamento Europeo y el Consejo hayan examinado la propuesta y no se presenten ninguna objeción a la misma en el plazo máximo de un mes.
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