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Estamos en pleno periodo de cambio de Gobierno en el país y, por ende, ad portas de nuevas contrataciones, en el caso de los cercanos a Kast y, lo más probable, de varios despidos, en el caso de los cercanos a Boric.
Por eso la famosa “ley de amarre” que no va a tener ningún futuro en el Congreso para su aprobación es tan mal mirada. La propuesta del oficialismo, que fue incorporada como una forma de darles ciertas garantías a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales no fue bien recibida ni en el PPD ni tampoco en el PS.
Lo que busca la ley de amarre es que el nuevo Gobierno entrante no pueda despedir a ciertos funcionarios públicos de algunas reparticiones. Lo que parecería obvio, siempre y cuando existan ciertas directrices al respecto, pero es justamente este el problema. No hay directrices.
Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú y líder del Frente Amplio, es enfático en decir que "todo funcionario contratado por confianza política debe renunciar el 11 de marzo". ¿Pero qué se entiende por un funcionario de confianza política?
Es esta la verdadera ley de amarre que se debe discutir. Es indudable que cuando un Presidente asume, debe nombrar a sus hombres de confianza en los cargos ministeriales. Los mismos ministros y ministras harán lo mismo con sus equipos y así sucesivamente, pasando por delegados regionales, seremi, etcétera.
¿Pero por qué no establecer qué puestos son de confianza política y cuáles no? Este asunto podría estar muy claro, así todos sabrían que cuando llega un cambio de Gobierno quiénes deben irse y quiénes no.
El problema viene en un escenario que afecta por ejemplo a las empresas públicas tales como Codelco, Televisión Nacional, las mismas empresas Portuarias o el propio Banco Estado. Estas instituciones también tienen cargos políticos de confianza. ¿Deberían tenerlo?
¿No sería óptimo que quien dirija Codelco o el Banco Estado sea elegido por la alta dirección pública y que predomine mucho más su capacidad, más que su color político? Lo mismo en los Puertos. Qué mejor ejemplo que el carrusel de cargos políticos que pasan por la Empresa Portuaria de Valparaíso. No le dan continuidad ni al desarrollo del puerto y para lo único que sirve es para instalar operadores como directores.
Es esta la verdadera ley de amarre que esperamos que la clase política pueda discutir algún día. Determinar cuáles son los cargos políticos de confianza y cuáles son los que deben elegirse en forma más técnica. ¿Será capaz nuestra clase política de hacer aquello? Difícil que sean ellos mismos los que suban el estándar, pero la esperanza es lo último que se pierde.
