Editorial: La tensa espera del pronunciamiento judicial sobre los responsables políticos del megaincendio

Este lunes 27 de julio se dio un nuevo paso para esclarecer las responsabilidades políticas tras lo sucedido en el megaincendio de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana del pasado 2 y 3 de febrero de 2024.

Han pasado más de dos años de aquella catástrofe y aún no tenemos tras las rejas a quienes fueron los responsables políticos y administrativos de una de las peores tragedias ocurridas en nuestra región. A la luz de los hechos, se podría haber evitado al menos la muerte de 138 personas que no pudieron huir de las llamas porque se les avisó tarde y tampoco se les indicó por dónde escapar.

Cada vez se van conociendo más datos que entregan antecedentes claves. La propia Fiscalía de Valparaíso asegura que las víctimas de aquella noche tuvieron una ventana de al menos 57 minutos para evacuar y evitar su muerte.

Claudia Perivancich sostuvo que, si la alerta SAE se hubiese activado cuando la Conaf tuvo conocimiento del riesgo en zonas urbanas, "habría sido posible evitar el resultado de muerte". Aún no sabemos si las conclusiones que se sacaron de la primera comisión investigadora —que fue presidida en su minuto por el exdiputado Tomás Lagomarsino— han sido tomadas en cuenta en una investigación que deja de manifiesto, al menos, por dónde deberían investigarse las responsabilidades políticas del hecho.

"Había una persona que tenía el control del sistema de monitoreo, el comandante del incidente, que era el señor Correa, a quien le cabía la responsabilidad de entregar información a Senapred para disponer esa alerta. Y por otro lado, el señor Atienza, que era el jefe del Departamento de Prevención de Incendios Forestales, superior del señor Correa, que estaba recibiendo información durante esos rangos horarios, alrededor de las 5:30 y 6:30 de la tarde, en la que además él en concreto participa en un sobrevuelo por la zona afectada", dijo la fiscal.

Sin embargo, al consultarle por la eventual responsabilidad de otras autoridades, Perivancich explicó que, en esta etapa de la investigación, "aquí hay una cadena de actuaciones y de responsabilidades que son distintas: hay un organismo técnico, que es el encargado de decir cuáles son las condiciones que generan el riesgo inminente para la población, y esa información, esa calificación técnica para determinar que el evento es riesgoso y que, por lo tanto, se tiene que llevar a cabo una evacuación, es una competencia de Conaf, quien lidera la toma de decisiones en ese aspecto".

¿Vamos a cerrar la investigación solo con los imputados de Conaf? ¿De verdad en el Senapred no hay ningún tipo de responsabilidad? ¿Qué pasará con la persona encargada en ese instante de la Delegación Presidencial? ¿Por qué quien reemplazó a Sofía González no fue el delegado que correspondía y fue otra persona?

Las responsabilidades políticas y administrativas del megaincendio son tan o más importantes que las de quienes hoy están imputados. Acá falló el Estado de Chile. No solo al momento de seleccionar a quienes integrarían las brigadas de Conaf: falló en el momento de la emergencia, falló en la posterior reconstrucción y hoy el Estado sigue fallando. Han pasado personajes de la izquierda y de la derecha y el resultado sigue siendo el mismo.

Los damnificados siguen esperando por su casa y muchos van a morir esperándola, como ya ha ocurrido. La justicia es lenta, lo sabemos, pero es la única esperanza para miles de personas de nuestra región que lo perdieron todo. No puede quedar nadie fuera de aquella sentencia final que nos muestre a todos los culpables de una tragedia que nos sigue enlutando como región y como país, y que sigue exponiendo a un Estado que no sabe proteger a sus ciudadanos.